La propuesta del Ejecutivo de reincorporar una norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata ha generado múltiples reacciones en el Congreso. Diputados de la UDI, encabezados por Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, han advertido que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, si el gobierno insiste en esta medida, a la que han calificado como un "amarre" y una práctica "inmoral" para asegurar empleos a personas afines políticamente.
La advertencia de los parlamentarios gremialistas surgió luego de que el propio Grau confirmara que el gobierno reingresará dicha disposición al Congreso, pese a las críticas de la oposición y las aprensiones que ha generado incluso en sectores del oficialismo.
Desde la UDI, la subjefa de bancada Marlene Pérez comentó que "si es necesario, utilizaremos todos los instrumentos que la ley nos entrega para impedir que este gobierno siga incurriendo en irregularidades, amarres administrativos y malas prácticas para proteger a operadores políticos, contrataciones de última hora".
En la misma línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, advirtió que el Ejecutivo "tiene que evaluar si con el rechazo ciudadano que se ha generado en los sectores de la oposición y los propios diputados del gobierno, va a continuar con esta suerte de amarre a sus cercanos y amigos".
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) calificó la medida como "grave", argumentando que "usar una ley anual para fijar normas permanentes que amarran al Estado y condicionan a los próximos gobiernos vulnera la probidad y la democracia".
Frente a esto, el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez cuestionó duramente la ofensiva anunciada por la UDI, asegurando que esta corresponde a "una utilización no democrática del instrumento de acusación". Por su parte, el jefe de bancada del PPD e independientes, Raúl Soto, manifestó su desacuerdo con la norma propuesta, pero llamó a la "prudencia y reflexión", argumentando que una acusación constitucional no sería apropiada en el actual contexto de transición gubernamental.
La diputada de Demócratas Joanna Pérez también marcó distancia de una eventual acusación constitucional, señalando que "si bien esta es una acción desesperada del gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional".
