La segunda legislatura de la Asamblea Nacional (AN) de Panamá, que iniciará el 2 de enero de 2026, se enfrentará a una agenda cargada con 82 anteproyectos de ley que no fueron aprobados durante el primer periodo de sesiones ordinarias. Estos proyectos abarcan temas como educación, justicia, asuntos sociales, economía y medio ambiente, muchos de ellos relacionados con compromisos de transparencia y rendición de cuentas.
Entre los proyectos pendientes se encuentran propuestas para investigar el uso de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, eliminar la prueba de idoneidad en investigaciones contra diputados, establecer un tope salarial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y regular los cobros en los corredores del país. Además, quedaron sin discutir iniciativas para hacer públicos los contratos del Estado y garantizar el registro correcto de las cuotas de la seguridad social.
La aprobación de estos proyectos dependerá de la prioridad que les otorguen los diputados, en un contexto de altas expectativas ciudadanas sobre reformas y transparencia legislativa. Según el artículo 121 del reglamento orgánico del Órgano Legislativo, estas propuestas deberán ser presentadas nuevamente en el pleno para su consideración.
La situación refleja los desafíos que enfrentará la Asamblea Nacional en su próximo periodo de sesiones, con la necesidad de abordar una agenda legislativa pendiente que responde a diversas demandas sociales y de buen gobierno. La capacidad de los diputados para priorizar y avanzar en estos proyectos será clave para cumplir con las expectativas de la ciudadanía.
