La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió una acción de amparo presentada por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien busca anular las actuaciones de la Contraloría General de la República que ordenaron el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias por un valor de hasta 1.3 millones de dólares.
La medida adoptada por el Contralor Anel Flores se dio en el marco de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado durante el período en que Carrizo ejerció como vicepresidente de Panamá entre 2019 y 2024.
Mediante la acción legal, Carrizo solicita que se declaren nulas las actuaciones de la Contraloría, específicamente la Resolución N. 3757-2025-LEG/PJ del 22 de octubre de 2025, a través de la cual se ordenó el secuestro de sus bienes y cuentas.
La Corte Suprema admitió el amparo y ahora corresponderá a la magistrada presidenta María Eugenia López Arias elaborar un proyecto de fallo que será sometido a votación del pleno para determinar si las acciones de la Contraloría se ajustaron a los derechos y garantías fundamentales invocados por la defensa de Carrizo, a cargo del abogado Pedro Meilán.
El exvicepresidente Carrizo enfrenta una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado durante su gestión, lo que llevó a la Contraloría a ordenar el secuestro de bienes y cuentas bancarias por un valor que podría alcanzar los 1.3 millones de dólares.
Entre los bienes afectados se encuentran cuentas en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, así como vehículos y posibles créditos contra el Estado.
La admisión de la acción de amparo por parte de la Corte Suprema implica que se deberá analizar si las actuaciones de la Contraloría se ajustaron a los derechos y garantías constitucionales invocados por la defensa de Carrizo. El fallo del máximo tribunal determinará si se anulan o no las medidas adoptadas por el ente fiscalizador.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre las acciones de la Contraloría en el marco de investigaciones por presunta corrupción y los derechos de los investigados, quienes recurren a la justicia para impugnar las medidas adoptadas en su contra.
La resolución de este amparo constitucional será un hito en la definición de los límites y alcances de las facultades de la Contraloría General de la República en Panamá, en un contexto de creciente escrutinio público sobre la lucha contra la corrupción en el país.
