La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió una acción de amparo presentada por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien busca anular las actuaciones de la Contraloría General de la República que ordenaron el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias.
Carrizo, quien ejerció como vicepresidente entre 2019 y 2024, alega que las medidas adoptadas por el Contralor Anel Flores en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado, vulneran sus derechos y garantías constitucionales.
Según la resolución de la Contraloría, el valor de los bienes y fondos sujetos a secuestro podría alcanzar los 1.3 millones de dólares, incluyendo cuentas bancarias, vehículos y posibles créditos contra el Estado.
Con la admisión del amparo, la Corte Suprema deberá determinar si las actuaciones de la Contraloría se ajustaron a los derechos invocados por la defensa de Carrizo, liderada por el abogado Pedro Meilán.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre los poderes del Estado en Panamá, y subraya la importancia de garantizar el debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales, incluso en investigaciones de alto perfil.
La resolución de la Corte Suprema será clave para definir los alcances de las facultades de la Contraloría y los límites a su accionar, en un escenario de creciente preocupación por la lucha contra la corrupción en el país.
El exvicepresidente Carrizo ha negado cualquier irregularidad en su gestión y confía en que la Corte Suprema fallará a su favor, restableciendo su derecho a la presunción de inocencia y la protección de su patrimonio.
Este caso se perfila como uno de los más relevantes en la agenda judicial de Panamá en los próximos meses, con implicaciones que van más allá de las circunstancias particulares del exfuncionario.
