El juez anticorrupción Carlos Serrano denunció haber recibido presiones e intimidaciones por parte de funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) durante el proceso del caso Euro 2024, en el que sentenció a diez años de cárcel a una red de lavado de activos liderada por el serbio Yezdimir Srdán.
Según la investigación previa abierta por la Fiscalía, el exdirector del CJ en Pichincha, Henry Gaibor, habría contactado al juez Serrano para "insinuarle" que tome en cuenta los argumentos de la defensa del serbio Srdán. Además, Serrano habría recibido amenazas de muerte durante la audiencia del caso y posteriormente se reportó un coche bomba cerca de las oficinas de los jueces anticorrupción.
Ante esta situación, el juez Serrano presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo, argumentando "desamparo" tras el retiro de su seguridad policial. La Fiscalía ahora investiga los audios que evidenciarían las presiones ejercidas sobre el magistrado.
El pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Gaibor y ordenó el inicio de acciones disciplinarias por estos hechos. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el alcance de las presiones y la posible implicación de otros funcionarios judiciales.
La lucha contra la corrupción enfrenta nuevos desafíos ante estos preocupantes sucesos que ponen en duda la independencia del Poder Judicial ecuatoriano.
