En diciembre de 2022, el abogado azuayo Carlos Patricio Serrano Lucero era nombrado por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Fausto Murillo, como uno de los catorce jueces que iban a integrar la flamante Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito, pero con un alcance nacional para conocer 44 tipos penales específicos.
Sin embargo, a pesar de su nombramiento, el Consejo de la Judicatura no ha aceptado la renuncia presentada por el juez Serrano. Según la información disponible, esto se debe a que el magistrado aún tiene pendiente el despacho de sentencias en cinco causas.
La Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado fue creada con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país. La designación de Serrano como uno de sus jueces integrantes buscaba aportar su experiencia y conocimientos en estas materias.
No obstante, la negativa del Consejo de la Judicatura a aceptar su renuncia ha generado interrogantes sobre los motivos que llevaron al juez a presentar su dimisión y las implicaciones que esto podría tener para el funcionamiento de la unidad especializada.
Es importante destacar que la independencia y transparencia del sistema judicial son fundamentales para garantizar el Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por lo tanto, este caso merece un seguimiento cuidadoso por parte de la opinión pública y los organismos de control, con el fin de asegurar que se respeten los principios de imparcialidad y debido proceso.
En momentos en que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se mantiene como una de las principales prioridades de la agenda pública, la conformación y el desempeño de esta unidad especializada adquieren una relevancia crucial. Por ello, es fundamental que se esclarezcan los detalles de esta situación y se garantice que el Consejo de la Judicatura actúe de manera acorde a la ley y a los más altos estándares de integridad.
