La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al expolio de yacimientos arqueológicos en las provincias de León y Valladolid, en España. Los delincuentes utilizaban sofisticados detectores de metales para localizar y extraer piezas de gran valor histórico, como una corona visigoda del siglo VI y miles de monedas de plata y oro de época romana y medieval.
La investigación se inició en enero pasado, cuando los agentes detectaron que un hombre ofrecía discretamente en un evento numismático en Andalucía varias monedas de oro y plata, así como piezas de un tesoro visigodo, por las que pedía elevadas sumas de dinero. Esto los llevó a sospechar de la existencia de un grupo criminal dedicado a la venta ilegal de objetos arqueológicos.
Tras rastrear el origen de estas piezas, los investigadores lograron dar con la ubicación de los yacimientos expoliados, que resultaron ser sitios catalogados por la Junta de Castilla y León. En total, se recuperaron alrededor de 6.000 monedas de plata, 21 áureos y cerca de 1.000 objetos arqueológicos, entre los que se destaca una corona visigoda de oro del siglo VI.
Los delincuentes utilizaban herramientas muy sofisticadas, como detectores de metales capaces de alcanzar grandes profundidades en el terreno, lo que les permitía localizar y extraer las piezas sin ser detectados. Además, empleaban vehículos de alta gama para llegar a los yacimientos y ocultarlos a distancia, yendo a pie hasta el lugar para evitar ser rastreados.
Tras la identificación de todos los miembros de la organización, la Policía Nacional llevó a cabo nueve entradas y registros simultáneos en la provincia de León, lo que permitió la detención de siete personas. Estas fueron acusadas de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y hurto agravado.
Los investigadores estiman que el beneficio obtenido por la venta ilegal de estos objetos arqueológicos podría haber superado el millón de euros. Las piezas recuperadas serán depositadas en el museo de la Junta de Castilla y León que se determine.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la protección del patrimonio cultural y la necesidad de reforzar los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de bienes culturales, que no solo supone una pérdida irreparable para la historia y la identidad de un país, sino que también alimenta actividades delictivas organizadas.
