El 2025 estuvo marcado por múltiples decisiones del Gobierno, el Congreso y la justicia que, según analistas, han tenido un impacto negativo en la economía, la seguridad y el desarrollo del país. Desde el aumento del salario mínimo que ignora la realidad económica, hasta la reducción de fondos para infraestructura vial y la parálisis institucional en el sistema judicial, las acciones del poder público han generado retrocesos y afectado directamente a la población.
El artículo señala que, si bien gobernar implica responsabilidad y rendición de cuentas, las equivocaciones del Gobierno terminan siendo pagadas por los ciudadanos. Decisiones como el incremento del salario mínimo, sin un aumento de productividad o formalización, han distorsionado el equilibrio del mercado laboral, sin generar prosperidad. Asimismo, la reducción de recursos para el Ministerio de Comunicaciones afectará la construcción y mantenimiento de carreteras, lo que se traducirá en mayores costos logísticos e inversión privada.
Otro punto cuestionado es el comportamiento del Congreso, que mantuvo vigente su aumento salarial durante todo el año, en contraste con la realidad que enfrentan las familias guatemaltecas. Además, la fuga de reos y la parálisis en la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia han puesto en evidencia la crisis institucional que atraviesa el país.
El artículo concluye que, si bien gobernar nunca ha sido fácil, cada vez que el poder público se equivoca, son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias. Por ello, señalar estas decisiones es una obligación cívica que busca abrir el debate y corregir el rumbo, más allá de las buenas intenciones.
