La Asamblea Legislativa de Costa Rica cerró el 2025 con la aprobación de 133 proyectos de ley, destacándose la reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo como la iniciativa más relevante del año.
Durante los 12 meses, el Plenario de la Asamblea fue más productivo en octubre, con la aprobación de 33 iniciativas, mientras que hubo tres meses en los que apenas se aprobaron dos proyectos de ley.
Además de la polémica reforma de extradición, impulsada por la diputada oficialista Pilar Cisneros, otras leyes relevantes fueron la que autoriza al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público a realizar allanamientos las 24 horas del día, los siete días de la semana, así como proyectos relacionados con tierras para mujeres, el bono de vivienda para víctimas de violencia de género y la aprobación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.
La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, calificó la reforma de extradición como de "gran importancia" y con "un impacto significativo", pues desde su aprobación en mayo, más de 10 costarricenses se encuentran detenidos y en proceso de extradición, entre ellos el exmagistrado Celso Gamboa.
Por su parte, la legisladora oficialista Pilar Cisneros consideró que la Asamblea Legislativa "ha quedado debiendo muchísimo" a lo que podía haber dado en este período.
Los diputados regresarán a sus curules el 12 de enero para encarar la recta final de su período constitucional 2022-2026, que culmina el 30 de abril.
