Cuando se cumplían 40 días de la gestión del presidente Rodrigo Paz, su gobierno anunció un paquete de medidas económicas para iniciar la estabilización de las finanzas públicas. Una de las medidas que generó mayor controversia fue la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que se tradujo en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.
Esta decisión, que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, justificó como una medida necesaria para enfrentar la corrupción y el alto gasto público que generaba el subsidio, ha desatado protestas de diversos sectores de la sociedad. Aunque el gobierno se ha mostrado dispuesto al diálogo, ha afirmado que no dará marcha atrás en la aplicación de esta medida.
El ministro Espinoza explicó que la situación encontrada por el nuevo gobierno, con un alto grado de corrupción asociada al subsidio, los llevó a tomar la decisión de eliminar por completo el subsidio de una sola vez, en lugar de aplicar un proceso gradual como se había planteado durante la campaña electoral.
Según Espinoza, esta medida permitirá reducir la demanda de dólares para la importación de combustibles, ya que se estima que alrededor del 30% del combustible se destinaba al contrabando. Además, abre la posibilidad de incorporar actores privados a la cadena de provisión, lo que podría solucionar estructuralmente el problema de la escasez de divisas.
Sin embargo, algunos analistas cuestionan que no se haya considerado una tarifa especial para el transporte, lo que podría generar un mayor impacto inflacionario. El ministro asegura que se han implementado medidas tributarias y sociales para mitigar este efecto, pero admite que el aumento de la Renta Dignidad para los adultos mayores no es significativo, y que se anunciará un incremento de las jubilaciones en las primeras seis semanas del próximo año.
Otro punto de debate es la liberación del tipo de cambio, que el gobierno busca implementar a través de un régimen de flotación con bandas que permitan controlar la volatilidad, pero sin intervenir directamente en el precio. Espinoza también señaló que esperan poder reabrir la devolución de depósitos en dólares a los ahorristas durante el segundo trimestre de 2026, una vez que las reservas del Banco Central muestren una tendencia creciente.
En cuanto a las empresas públicas, el decreto prohíbe su financiamiento a través del Banco Central, y el gobierno espera que el Congreso les permita liquidar aquellas que son deficitarias, ya que su creación se hizo mediante leyes.
