A partir de este sábado, entra en vigor en Cuba el Decreto 138 que reorganiza el sistema salarial en el sector empresarial estatal, transfiriendo a las propias empresas la facultad de aprobar los salarios de sus trabajadores.
La nueva normativa, presentada en conferencia de prensa por Guillermo Sarmiento Cabañas, director de Organización del Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene como objetivo principal estimular el incremento de la productividad, la utilidad y la eficiencia empresarial.
Hasta ahora, los salarios en las empresas estatales cubanas estaban sujetos a una escala salarial única y a los calificadores de cargo establecidos por el Ministerio de Trabajo. Con el Decreto 138, las empresas podrán diseñar técnicamente sus propios sistemas salariales, aplicando métodos científicos e innovación.
Un aspecto clave es que los salarios se fijarán según los resultados de cada entidad, y la planificación y ejecución del fondo de salarios solo estará condicionada al no deterioro del aporte por el rendimiento de la inversión estatal o el pago de dividendos a los socios.
Esto significa que las empresas que cumplan con ciertos requisitos podrán aumentar los salarios de sus trabajadores en función de su desempeño y los resultados de la compañía, sin estar sujetas a una escala salarial rígida.
La nueva normativa también generaliza la aplicación de sistemas de pago por rendimiento a todos los trabajadores de la empresa, y ubica en la figura del jefe máximo de la organización la autorización de excepciones cuando la entidad no cumpla alguna condición exigida.
Según las autoridades, el Decreto 138 impactará de manera directa en el ingreso de alrededor de 1,172 millón de trabajadores de empresas estatales, filiales, grupos empresariales, uniones, sociedades mercantiles de capital cien por ciento cubano, así como de unidades presupuestadas con tratamiento especial.
Este cambio en la organización del sistema salarial forma parte de los esfuerzos del gobierno cubano por aumentar la productividad y eficiencia de las empresas estatales, otorgándoles mayor autonomía y flexibilidad en la gestión de sus recursos humanos.
