La investigación penal sobre el Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) ha sido reactivada luego de varios meses paralizada. La causa rastrea el destino de US$ 40 millones del patrimonio de María Luisa Gianoli, una mujer sin hijos que había sido declarada incapaz judicialmente y cuyos familiares reclaman su herencia.
Gran parte de ese dinero, US$ 33 millones, ingresó a cuentas de GBU en abril de 2018 tras la venta de Banmédica (clínicas en Chile y Ecuador) a un grupo estadounidense. Desde ese momento, el extitular de GBU, Álvaro Correa, junto al curador judicial de Gianoli, el abogado José Luis Zabaleta, y la contadora Belén Cafasso, habrían realizado una compleja maniobra delictiva para desviar esos fondos.
La investigación del Banco Central determinó que los US$ 33 millones fueron transferidos a terceros, sin que se haya podido identificar su paradero final. Según los testimonios, ni Zabaleta ni Cafasso tenían conocimiento concreto de la supuesta inversión forestal donde se destinaron esos fondos.
Zabaleta, en su declaración, admitió que no desempeñó correctamente su cargo de curador judicial de Gianoli, ya que no solicitó la autorización judicial necesaria para realizar la transferencia y confió en Correa. Tampoco obtuvo asesoramiento externo ni informó al juez de familia sobre los cambios en el perfil de riesgo de las inversiones.
Por su parte, Cafasso declaró que Correa no le presentó ningún documento jurídico o contable previo a la transferencia de los US$ 33 millones, y que se limitaba a confeccionar los aspectos económicos de las rendiciones de cuentas.
La Fiscalía de Delitos Económicos continúa investigando a Correa, Zabaleta y Cafasso, así como a otras personas vinculadas a GBU, como el hijo de Correa y la accionista Cristina Lestido. El objetivo es determinar el paradero final de los fondos desviados y establecer las responsabilidades penales correspondientes en este millonario fraude.
