Las próximas elecciones generales del país están programadas para la segunda mitad de 2027, pero la campaña electoral ya ha comenzado a generar controversia. Según un informe, existen preocupantes realidades en torno a la idoneidad de las autoridades de dos instituciones clave: el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos.
En el caso del Colegio de Abogados, su presidenta reconoce que no cuentan con un reglamento para evitar abusos durante las campañas electorales. Lejos de ser un proceso enfocado en la legalidad y el servicio al país, las elecciones se han convertido en "parrandas" donde abundan los gastos excesivos y opacos, así como el intercambio de votos por bebidas alcohólicas.
"Cada vez más votantes cambian esa borrachera por un voto. Es una inversión explicable para quien luego venderá su voto favorable, porque a nadie le importa el origen del dinero, y se adquiere un voto cautivo y descarado para otros ejemplos de corrupción", denuncia la presidenta del Colegio.
Situación similar ocurre en la Universidad de San Carlos (Usac), donde la integración del Consejo Superior Universitario se ha visto retrasada por "una catarata sucia de recursos a veces absurdos" cuyo objetivo es dilatar el proceso. Destaca el papel del actual rector, cuya elección estuvo plagada de críticas y rechazos.
Según el informe, en la Usac también se ha priorizado la selección de "compadres ideológicos" por encima de la capacidad, lo que ha contribuido al "atraso académico". Ahora, la lucha se centra en el control del presupuesto universitario, equivalente a Q500 millones anuales.
Estos problemas en dos de las instituciones más influyentes del país son vistos con gran preocupación, pues ponen en entredicho la integridad de los futuros comicios y "ponen muchísimos granos de arena en el descrédito de la democracia".
