La corrupción es un mal endémico que aqueja a República Dominicana, socavando la confianza ciudadana y debilitando las instituciones democráticas. Según expertos, este fenómeno no es un simple accidente, sino un síndrome que involucra instituciones débiles, culturas políticas permisivas y una sociedad que, en ocasiones, termina normalizando lo inaceptable.
El Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción nos recuerda que este problema tiene alcance global. Casos recientes en países como China, Bulgaria y Bolivia demuestran que la corrupción tiene consecuencias visibles y disruptivas, con condenas ejemplares y caídas de gobiernos. Sin embargo, en República Dominicana, la lucha contra este flagelo parece "cuesta arriba", con casos emblemáticos que se diluyen en tecnicismos procesales y escándalos de gran magnitud que no producen quiebres institucionales profundos.
Según expertos, el problema va más allá de lo meramente legal y se vuelve cultural e institucional. La corrupción persiste no solo porque alguien roba, sino porque el entorno lo permite, lo relativiza o lo administra. Cuando esto ocurre, el castigo deja de ser disuasivo y la ética pública se debilita.
Desde una perspectiva institucional, la lucha contra la corrupción no se mide solo por la apertura de expedientes o la espectacularización mediática de los casos, sino por la coherencia del sistema: investigación rigurosa, procesos transparentes, sanciones proporcionales y real reparación del daño. Cuando alguna de estas piezas falla, el mensaje que se transmite es devastador: delinquir puede salir barato.
Pero la corrupción también es un fenómeno cultural. Durante años, se ha contado la corrupción como anécdota, como chisme político o como espectáculo judicial, más que como un problema estructural que afecta servicios públicos, derechos sociales y oportunidades de desarrollo. Esto ha contribuido a normalizar lo inaceptable y a debilitar la confianza ciudadana en las instituciones.
Para enfrentar este desafío, expertos señalan tres vías de acción: fortalecer los sistemas de control, garantizar la independencia judicial y asegurar que los procesos lleguen a conclusiones creíbles; generar presión social informada, vigilar, exigir rendición de cuentas y mantener el tema en la agenda pública; y desmontar la idea de que "todo el mundo lo hace" o de que la corrupción es un mal inevitable, educando para la integridad y sancionando socialmente el abuso de poder.
La lucha contra la corrupción en República Dominicana requiere un esfuerzo sostenido en el plano institucional, ciudadano y cultural. Solo así podrá romperse el síndrome de la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones democráticas.
