El reajuste salarial del sector público ha desatado una fuerte polémica política. El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó duramente las disposiciones incluidas en el protocolo de acuerdo, que restringen los despidos de funcionarios públicos antes del cambio de gobierno.
Squella advirtió que si el Gobierno "sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura" con el próximo Ejecutivo de José Antonio Kast. Aseguró que estas medidas configuran "una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales".
La polémica escaló al comando del presidente electo Kast. El diputado Agustín Romero, del partido Republicano, afirmó que "esas normas exceden completamente el objetivo de una ley de reajuste" y que "intentan condicionar la gestión del próximo gobierno".
Desde la oposición, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) también criticó duramente la medida, calificándola de ir "contra toda lógica jurídica y democrática". Mientras que desde la UDI denunciaron una "intención evidente por asegurar la permanencia en el Estado de las personas vinculadas políticamente a ellos".
El protocolo de acuerdo establece un reajuste salarial total de 3,4% para el sector público, parcelado en un 2% a partir de diciembre de 2025 y 1,4% desde junio de 2026. Además, se fijan disposiciones que restringen los despidos de funcionarios públicos antes del cambio de gobierno, lo que ha generado el rechazo de la oposición.
Durante la negociación, uno de los puntos más controversiales fue la incorporación de esta norma que, según los críticos, busca "rigidizar la administración pública" y mantener "infiltrado al Estado con sus operadores políticos" del actual Gobierno.
El Ejecutivo deberá enviar el proyecto a la Contraloría General de la República, instancia en la que la oposición anticipa que impugnará estas disposiciones, asegurando que "no vamos a estar disponibles para burlar la institucionalidad".
