El gobierno de Donald Trump ha emitido directrices internas que marcan una nueva y agresiva fase en su campaña de represión migratoria, con el objetivo de privar de la ciudadanía a cientos de estadounidenses naturalizados cada año.
Según documentos obtenidos por The New York Times, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha recibido instrucciones de "proporcionar a la Oficina de Litigios de Inmigración entre cien y 200 casos de desnaturalización al mes" durante el año fiscal 2026. Esto representa un aumento masivo en relación con los poco más de 120 casos presentados entre 2017 y 2025.
La ley federal solo permite desnaturalizar a una persona si ha cometido fraude al solicitar la ciudadanía o en otras circunstancias específicas. Sin embargo, el gobierno de Trump ha demostrado su afán por utilizar todas las herramientas a su alcance para perseguir a los migrantes, lo que ha llevado a los activistas a advertir de que esta campaña podría perjudicar a personas que hubieran cometido errores involuntarios en su documentación.
Las directrices surgen en un momento en que Trump ha pasado gran parte de este año cerrando vacíos legales en el sistema de migración y poniendo obstáculos a las personas que quieren entrar y permanecer en el país. La arrolladora campaña, que ha ido más allá de purgar el país de migrantes ilegales, ha incluido bloqueos al asilo en la frontera sur, una pausa en las solicitudes de asilo dentro de Estados Unidos y una prohibición de entrada a los viajeros procedentes de naciones predominantemente africanas y de Medio Oriente.
Según Matthew J. Tragesser, portavoz del USCIS, la agencia llevará a cabo "procedimientos de desnaturalización contra aquellas personas que mientan o tergiversen durante el proceso de naturalización" con el objetivo de "restablecer la integridad del sistema de migración estadounidense". Sin embargo, algunos exfuncionarios del USCIS han expresado su preocupación por la magnitud de los objetivos de desnaturalización, advirtiendo que esto podría "politizar la revocación de la ciudadanía" y "alimentar el miedo y la incertidumbre innecesarios" entre los millones de estadounidenses naturalizados.
Los partidarios de leyes de migración más estrictas, como Mark Krikorian del Centro de Estudios sobre Inmigración, han apoyado la campaña, afirmando que es necesario erradicar de manera más agresiva a quienes se les hubiera concedido indebidamente la ciudadanía. No obstante, expertos como Amanda Baran, exalta funcionaria del USCIS en el gobierno de Biden, han criticado la medida, argumentando que "la ciudadanía y la naturalización son demasiado valiosas y fundamentales para nuestra democracia como para que el gobierno pueda quitárnoslas a su antojo".
