El caso del juez anticorrupción Carlos Serrano ha generado gran preocupación en el país. Según la denuncia realizada por el abogado Felipe Rodríguez, durante una audiencia en la que se declaró culpable a un procesado de origen serbio, Jezdimir Srdan, este habría hecho un gesto interpretado como una clara amenaza al magistrado.
Además, se conoció que la seguridad asignada a Serrano fue retirada y que existieron presiones para que se declare inocente a Srdan. Ante esta situación, el juez anticorrupción decidió abandonar sus funciones tras presentar su renuncia, sobre la cual aún debe pronunciarse el Consejo de la Judicatura.
La legisladora Viviana Veloz, del partido Revolución Ciudadana, ha formalizado un pedido ante la Presidencia de la Asamblea Nacional para que se suspendan las vacaciones legislativas previstas desde el 22 de diciembre. Veloz considera que la fiscalización sobre las presiones y amenazas contra el juez Serrano no puede esperar, y que la Asamblea debe activar los mecanismos de fiscalización y control político para adoptar las medidas necesarias que fortalezcan la Función Judicial.
Este caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la independencia judicial en el país. Expertos en el tema han señalado que la intromisión en la justicia y las amenazas contra jueces que investigan casos de corrupción son una grave amenaza para el Estado de derecho.
La Fiscalía deberá actuar de oficio frente a estas acusaciones, y se espera que la Asamblea Nacional cumpla con su rol de fiscalización y control político para garantizar la independencia del Poder Judicial. El país entero está a la espera de que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para proteger a los jueces que luchan contra la corrupción.
