El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que vetará un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional que buscaba reducir las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Esta medida habría beneficiado directamente al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por su presunta participación en los actos antidemocráticos.
Lula reafirmó su posición institucional y declaró que "las personas que cometieron un crimen contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos contra este país". El mandatario subrayó que, pese al respeto al Poder Legislativo, vetará el proyecto cuando llegue a su escritorio, ya que este ha sido denunciado como una "virtual amnistía a los golpistas".
El Proyecto de Ley de Sentencias, también conocido como Ley de Dosimetría, fue aprobado el miércoles en el Senado con 48 votos a favor y 25 en contra, luego de haber obtenido luz verde en la Cámara de Diputados la semana previa. La norma legal proponía modificar el régimen de cumplimiento de condenas en delitos contra el Estado Democrático de Derecho y por golpe de Estado, reduciendo significativamente el tiempo que los condenados deberían pasar en prisión.
Según la sentencia actual, Bolsonaro debería permanecer al menos seis años en prisión cerrada, con libertad condicional posible a partir de 2033. Sin embargo, con la nueva ley, el exmandatario podría acceder a la progresión de pena tras cumplir apenas dos años y cuatro meses.
El Gobierno intentó posponer la votación hasta 2026, pero la presión del bloque centrista lo impidió. Mientras tanto, cuatro partidos de oposición presentaron un recurso de amparo ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender la tramitación del proyecto, abriendo la posibilidad de una impugnación directa si este se convierte en ley.
Aunque Lula ejerza su derecho de veto, el Congreso podría revertirlo con mayoría simple, lo que haría que la norma entre en vigor a principios de 2026. Este escenario ha generado una tensa confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en medio del debate sobre la defensa del Estado democrático en Brasil.
