El 18 de diciembre de 2025, la magistrada Aura Alexandra Rosero del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención en prisión de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd).
La decisión se fundamenta en la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de que los exfuncionarios puedan reincidir en prácticas de direccionamiento contractual, buscando evitar la continuidad de esquemas de corrupción que, según el tribunal, afectan la credibilidad de las instituciones ejecutivas y legislativas.
En su resolución, la magistrada Rosero enfatizó que la medida de privación de libertad no se basa en un riesgo de fuga, sino en la necesidad de impedir la rearticulación de redes corruptas. El tribunal consideró improcedente la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía General de la Nación, al tratarse de una medida sustitutiva que solo puede evaluarse después de determinar la pertinencia de la prisión en centro carcelario.
Según la magistrada, "no se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad en las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado".
Frente a esta decisión, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para cuestionar el fallo y defender al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Petro cuestionó la detención de Bonilla, a quien calificó como "un profesor, doctor en economía, dedicado toda su vida a enseñar estudiantes" y que hizo un "trabajo extraordinario para sacar al país de deudas de administraciones anteriores".
El mandatario también criticó el sistema de justicia colombiano, argumentando que no toma acciones contundentes contra los "verdaderos criminales de Colombia", haciendo referencia a presuntos vínculos de la derecha con paramilitares y narcotraficantes.
A pesar de las declaraciones del presidente Petro, la magistrada Rosero mantuvo su decisión de ordenar la detención en prisión de los exministros Velasco y Bonilla, considerando que es necesaria para evitar la continuidad de los esquemas de corrupción investigados.
