El ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU), Bruno Dantas, decidió no suspender de manera cautelar la licitación para la dragado del Puerto de Santos, a pesar de clasificar los indicios de irregularidades en el proceso como "densos". Aunque la descalificación de la empresa con la oferta más baja parece injustificable, Dantas optó por la prudencia para evitar perjudicar la operatividad del puerto, vital para la economía brasileña.
La disputa gira en torno a la descalificación de la empresa Etesco, que presentó la oferta más baja (610 millones de reales), por un supuesto retraso en el envío de una planilla de costos, un documento que la propia Autoridad Portuaria de Santos (APS) había aceptado inicialmente antes de revertir su decisión. Esta exclusión abrió paso a la segunda empresa clasificada, Jan de Nul, con una propuesta casi 10 millones de reales más cara.
Dantas dio 5 días hábiles a la APS para que se explique sobre este caso. El despacho del ministro señala "formalismo exacerbado" e indicios de quiebre de la isonomía, destacando que la segunda empresa clasificada habría tenido "reiteradas oportunidades" para corregir fallas que le fueron negadas al ganador original. Si las justificativas de la APS no son sólidas, el ministro ya advirtió que hay una "fuerte tendencia" a suspender el contrato la próxima semana.
Este caso pone en evidencia las irregularidades que a menudo rodean a las licitaciones millonarias en Brasil, donde el favoritismo y la falta de transparencia son problemas recurrentes. La decisión del ministro Dantas de no suspender de inmediato la licitación, a pesar de los indicios de irregularidades, también refleja los delicados equilibrios que deben manejarse para no afectar la operatividad de infraestructuras clave como el Puerto de Santos.
El seguimiento de este caso será crucial para determinar si efectivamente hubo un trato desigual a los participantes y si se respetaron los principios de legalidad y moralidad que deben regir los procesos licitatorios públicos en Brasil. La credibilidad de las instituciones de control y la confianza en la gestión de las grandes obras de infraestructura dependen en gran medida de cómo se resuelva esta disputa.
