La eliminación del subsidio a los combustibles en Bolivia generó una reacción inmediata en el mercado campesino de la ciudad de Tarija, con largas filas y compras de pánico ante el temor de un inminente incremento en los precios de los alimentos básicos.
Desde tempranas horas, decenas de personas acudieron al principal centro de abasto de la capital tarijeña para adquirir productos como arroz, azúcar, fideos, harina y aceite, preocupadas por el impacto que la medida pueda tener en el costo de vida. El Decreto Supremo 5503, emitido por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, eliminó la subvención a los combustibles, desatando la incertidumbre en la población.
La senadora Marcela Guerrero, de la alianza Unidad, señaló que si bien la eliminación del subsidio era necesaria, la medida fue "sorpresiva" y generó "especulación, largas filas y temor" entre los consumidores, especialmente por una posible subida de los pasajes del transporte público.
Desde el análisis económico, el expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Víctor Hugo Figueroa, calificó el Decreto 5503 como una medida "dura e incómoda, pero absolutamente necesaria para un ajuste fiscal". No obstante, advirtió que el principal desafío será el respaldo financiero y político del Gobierno para enfrentar los conflictos sociales que ya comienzan a gestarse.
En Tarija, la Federación Departamental del Autotransporte dio un plazo de 24 horas al Ejecutivo para dejar sin efecto la norma; de lo contrario, anunció que ingresará en un paro indefinido, en sintonía con otras federaciones del país. Asimismo, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) se declaró en estado de emergencia, elevando la tensión social en la región.
Analistas como Roberto Jordán sostienen que la decisión gubernamental es correcta, siempre que no derive en una escalada del dólar paralelo. Sin embargo, advierten que el proceso inflacionario interno es inevitable y que el gradualismo tampoco ha demostrado ser efectivo para enfrentar este tipo de ajustes.
