El sistema penitenciario panameño enfrenta un nuevo escándalo tras el caso de Katherine Carvallo, conocida como "La Parce", a quien se le otorgó el beneficio de trabajo comunitario en un tiempo récord de apenas 24 días, cuando el trámite usualmente tarda entre seis meses y un año.
Esta decisión, que ha sido denunciada por el propio Sistema Penitenciario y está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, pone en evidencia un problema estructural en el manejo de los beneficios carcelarios en Panamá: la discrecionalidad sin una explicación suficiente.
Si bien la ley permite cierto margen de discrecionalidad, lo ocurrido con Carvallo levanta serias dudas sobre la igualdad ante la ley y la transparencia en el sistema penitenciario. Más aún cuando posteriormente el beneficio fue revocado por inconsistencias formales, lo que refuerza las sospechas sobre posibles tratos diferenciados.
El hallazgo de un teléfono celular dentro del penal donde se encontraba Carvallo también ha contribuido a aumentar las dudas sobre los controles internos y la posible existencia de privilegios para ciertos reclusos.
Analistas consultados por este medio coinciden en que este caso es apenas la punta del iceberg de un problema más profundo. "La justicia se erosiona cuando no explica sus decisiones y, en un país donde la igualdad ante la ley es frágil, cada excepción mal justificada debilita la confianza pública", señaló un experto en temas penitenciarios.
Las autoridades panameñas tienen ahora el desafío de esclarecer este episodio y tomar medidas para garantizar la transparencia y la igualdad en el sistema carcelario. De lo contrario, la credibilidad del Estado de Derecho seguirá siendo cuestionada.
