El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica se ha visto envuelto en un conflicto con el presidente Rodrigo Chaves, luego de que la entidad electoral solicitara quitarle el fuero al mandatario para poder investigar 15 denuncias por beligerancia política en su contra.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa decidió no levantar la inmunidad de Chaves, lo que suspende temporalmente el proceso sancionatorio que el TSE pretendía llevar a cabo. El tribunal electoral lamentó esta decisión, pero respetó la decisión política del Poder Legislativo.
El TSE explicó que la solicitud de desafuero se había realizado porque, al tratarse el denunciado de una persona con fuero de protección, se requería que la Asamblea Legislativa le levantara esa inmunidad por mayoría calificada antes de iniciar el procedimiento sancionatorio en su contra.
La entidad recordó la gravedad del ilícito de beligerancia política, que es cometido por funcionarios públicos al incumplir su deber constitucional y legal de imparcialidad político-partidaria. Las sanciones que la ley establece para este delito son severas, incluyendo la posibilidad de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A pesar de la negativa de la Asamblea Legislativa, el TSE celebró que se haya ratificado su competencia para investigar y sancionar el ilícito de beligerancia política, y para solicitar el levantamiento de la inmunidad de los funcionarios denunciados cuando sea necesario.
El proceso sancionador por beligerancia queda temporalmente suspendido, pero el TSE informó que este iniciará cuando la inmunidad del presidente Chaves decaiga, una vez finalizado su mandato presidencial el 8 de mayo de 2026.
Esta situación evidencia la tensión entre el Poder Electoral y el Poder Legislativo en Costa Rica, y plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones y el equilibrio de poderes en el país.
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