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Ministerio Público presenta nueva fase de Operación Cobra contra fraude millonario en SeNaSa

Ministerio Público presenta nueva fase de Operación Cobra contra fraude millonario en SeNaSa

El Ministerio Público de República Dominicana anunció que presentará en el "menor tiempo posible" la versión 2.0 de la Operación Cobra, que incluirá nuevas personas físicas y jurídicas implicadas en el fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El procurador adjunto Wilson Camacho informó que la investigación no ha concluido y que todos los involucrados en la sustracción de fondos públicos enfrentarán consecuencias judiciales. "Nos aprestamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estas personas respondan ante el banquillo de los acusados", afirmó.

Esta decisión se produjo luego de que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras, impusiera medidas de coerción contra los diez acusados del caso, en una resolución que Camacho calificó de "histórica" y que reafirma la independencia del Ministerio Público.

El magistrado dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete de los imputados, mientras que los otros tres deberán cumplir arresto domiciliario, junto a otras restricciones procesales. Según el Ministerio Público, los acusados integraban una red de corrupción que operó en SeNaSa mediante pagos irregulares, aprobación fraudulenta de prestadores, sobornos, desvío de fondos y utilización de empresas vinculadas, provocando un perjuicio multimillonario al sistema de salud pública.

Los imputados a los que se le dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo son Santiago Marcelo Hazim, exdirector de SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo; y Ada Ledesma Ubiera.

Mientras que se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Haidi Mariela Pinea Perdomo, quienes alegaron que fueron extorsionados para el pago de sobornos.

La fiscalía sostiene que los recursos desviados estaban destinados a servicios médicos de los afiliados más vulnerables, lo que ha generado una profunda indignación social. Camacho enfatizó que la investigación continúa y que se presentará próximamente la versión 2.0 de este caso emblemático de corrupción.

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