El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha sido una pieza fundamental para que los resultados electorales se respeten desde que el país retomó la vida democrática en los años 80. Sin embargo, el actual tribunal ha enfrentado cuestionamientos relevantes, lo que ha generado desconfianza ciudadana en una institución que debería estar fuera de toda duda.
La elección de los magistrados del TSE no puede ser un trámite administrativo ni un reparto entre actores políticos, sino una decisión de país. La ley establece un procedimiento con etapas y plazos definidos, pensado para distribuir responsabilidades y evitar que el poder se concentre en un solo actor.
El proceso ya se inició a finales de este año, cuando el Congreso convocó a las universidades y al Colegio de Abogados para integrar la Comisión de Postulación. Entre diciembre y enero se conforma dicha comisión, que durante enero y febrero recibirá y depurará los expedientes de quienes aspiran al cargo y cumplen los requisitos legales. A más tardar a finales de febrero o inicios de marzo, la Comisión trasladará al Congreso una nómina de 20 candidatos, de los cuales los diputados elegirán a cinco magistrados titulares y cinco suplentes con el respaldo de dos tercios del pleno.
Las últimas elecciones en Guatemala han dejado presidentes con debilidad política frente a un Congreso con gran peso propio, lo que complica la gobernabilidad. Este diseño electoral exige un árbitro sólido y creíble. Cuando la autoridad electoral falla, no solo se cuestiona un resultado, sino la capacidad del sistema para procesar la competencia política sin fallas.
El tribunal actual enfrentó cuestionamientos relevantes, como investigaciones penales relacionadas con posibles irregularidades en la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) utilizado en 2023. Además, se señalaron compras poco transparentes, un sistema costoso que generó desconfianza y decisiones polémicas sobre la inscripción de candidaturas.
El Congreso debe elegir a los integrantes del TSE con visión de país para proteger una institución clave rumbo a las elecciones de 2027. Su independencia es crucial para que se respete el voto ciudadano y Guatemala no termine como otros países de la región que han perdido la credibilidad de sus instituciones electorales.
