El tribunal que conoce el proceso por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para culminar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo contra los imputados del caso.
Así lo establece la decisión judicial en su ordinal décimo primero, donde se advierte al órgano acusador que el plazo comienza a contarse a partir de la notificación de la resolución.
En el mismo fallo, el tribunal precisó que la medida de coerción de arresto domiciliario impuesta a algunos de los imputados tendrá una duración máxima de ocho meses, salvo que un tribunal competente, y en caso de que varíen los presupuestos que dieron origen a su imposición, decida sustituirla por una medida más gravosa o dejarla sin efecto.
La disposición forma parte del proceso que investiga un presunto entramado de corrupción que habría provocado un desfalco millonario en SeNaSa, expediente en el que el Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación.
Según los detalles revelados, el caso involucra a varios funcionarios y empresarios, quienes presuntamente habrían participado en un esquema de desvío de fondos y sobrefacturación de servicios médicos. La investigación busca determinar la magnitud del perjuicio económico causado a la institución de seguridad social.
El plazo de ocho meses otorgado al Ministerio Público se considera un tiempo prudencial para que los fiscales a cargo puedan recabar todas las pruebas necesarias y presentar una acusación sólida ante el tribunal. Durante este período, las medidas de coerción impuestas a los imputados, como el arresto domiciliario, se mantendrán vigentes.
Es importante destacar que el caso SeNaSa ha generado gran preocupación en la opinión pública, dado que involucra fondos destinados a la salud de los dominicanos. La sociedad espera que la investigación logre esclarecer los hechos y que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
El Ministerio Público deberá trabajar de manera diligente y exhaustiva para cumplir con el plazo establecido y presentar un caso sólido que permita sancionar a los involucrados en este presunto desfalco. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por el buen manejo de los recursos públicos.
