El país istmeño ha logrado avances normativos en materia de derechos de la mujer y poblaciones vulnerables, pero la realidad demuestra que aún no se les protege suficientemente. Así lo reveló el informe presentado por el Ombudsman, Eduardo Leblanc, quien exigió fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar presupuestos específicos para la ejecución de políticas claras en favor de estos grupos.
Según el estudio, los femicidios, la violencia física y sexual, la atención tardía y la violencia digital, siguen poniendo vidas en riesgo. Leblanc remarcó que, si bien la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer y revivir el Instituto Nacional de la Mujer bajo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no es importante, sí lo es que se le otorgue el presupuesto adecuado para llevar a cabo sus funciones.
Otro de los desafíos persistentes es garantizar el acceso a servicios básicos y la seguridad de los menores. Este 2025 se registraron casos de acoso escolar, infraestructura inadecuada y limitaciones en los sistemas de protección, según el documento.
En materia ambiental, el informe reconoció iniciativas de gestión de residuos y adaptación climática, pero las calificó de insuficientes. "El país aún tiene vertederos en condiciones críticas que requieren intervención inmediata", indicó Leblanc, reiterando la importancia de cumplir con los estándares del Acuerdo de Escazú.
Además, el Ombudsman hizo referencia a la necesidad de abordar la discriminación en la comunidad LGBTIQ+, tanto en puestos de trabajo, en la sociedad y en las escuelas.
Por otro lado, a pesar de los esfuerzos recientes para mejorar el abastecimiento de medicamentos, el estudio señala que la fragmentación institucional (Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social) sigue impactando negativamente a la población.
En este contexto, Leblanc exigió fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar presupuestos específicos para la protección de las mujeres y poblaciones vulnerables en el país, con el fin de hacer frente a los desafíos persistentes en materia de derechos humanos.
