Mónica Araya Esquivel, exPresidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), relató los conflictos que tuvo con el presidente Rodrigo Chaves en torno a dos licitaciones millonarias durante su gestión. Según Araya, estas disputas le costaron finalmente su destitución del cargo el 8 de mayo de 2024.
Los contratos en cuestión sumaban un total de $17,3 millones. Por un lado, se trataba de una licitación de casi $10 millones para la compra de 15 camiones extintores para el Cuerpo de Bomberos. Y por otro, un contrato de $7,3 millones por 1,9 millones de stickers y los servicios para la implementación del marchamo digital.
En ambos casos, Araya afirma que la recomendación técnica era declarar desiertos los procesos y reiniciarlos desde cero, ya que no cumplían con los criterios establecidos. Sin embargo, según su relato, el presidente Chaves le presionó para que se adjudicaran a pesar de estas observaciones.
En el caso de la licitación de los camiones, Chaves le habría pedido a Araya que no convocara a la sesión del Consejo Directivo de Bomberos, donde existían dudas sobre el proceso, para que el contrato quedara adjudicado sin que tuvieran que pronunciarse. Según Araya, esta recomendación le habría hecho Jorge Eduardo Sánchez, presidente del Banco Popular y miembro de la cúpula de Bomberos.
En cuanto a la licitación del marchamo digital, Araya afirma que Chaves le exigió que se adjudicara al consorcio E-Pass, a pesar de que los estudios habían detectado un sobreprecio de $1,8 millones en su oferta.
"La recomendación (del presidente) es que se adjudicara a la segunda empresa, ante lo cual mi respuesta, en su momento, fue que sí, que se adjudicaría. Necesitaba ganar tiempo, yo sabía que ya iba para afuera, iba a poner mi renuncia, pero antes iba a dejar ese contrato sin adjudicar", relató Araya.
Finalmente, el 8 de mayo de 2024, la Junta Directiva del INS declaró desierta la licitación del marchamo digital. Horas después, Chaves destituyó a Araya, luego de negarse a aceptar su renuncia.
Araya también reveló que, tras la destitución de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes en marzo de 2024, la directriz que recibió fue que todas "las licitaciones grandes debían ser analizadas por Casa Presidencial".
"No creo que sea usual que eso ocurra, pero no sé si así ocurría en otros gobiernos", manifestó la exjerarca del INS.
