El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este miércoles a través de su cuenta oficial en la red social X que ha autorizado un bombardeo estratégico contra las estructuras del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia. El resultado más destacado de esta acción militar fue la neutralización de Haminton Mosquera, conocido bajo el alias de ‘Negro Perea’, quien se encontraba catalogado como uno de los diez cabecillas prioritarios del país.
La intervención militar fue ejecutada mediante una acción coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. La misión, denominada oficialmente como "Operación Nehemías", se llevó a cabo en la zona rural del municipio de Tarazá, en Antioquia. El objetivo específico del operativo era el grupo liderado por Manuel Alexander Ariza Gutiérrez, una estructura perteneciente a la organización criminal del Clan del Golfo.
De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por el mandatario, el balance de la operación arroja un total de ocho personas dadas de baja. Entre las víctimas se encuentra Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, quien era el cabecilla principal de esta estructura criminal. Según los reportes oficiales, Mosquera contaba con una trayectoria delictiva de más de 20 años, consolidándose como una figura clave dentro de la organización.
Las autoridades colombianas detallaron que Haminton Mosquera enfrentaba graves acusaciones relacionadas con la orden de ejecutar homicidios, la gestión de desplazamientos forzados y la planificación de ataques directos contra la Fuerza Pública. Entre los crímenes específicos atribuidos a alias ‘Negro Perea’ se encuentra el asesinato de un patrullero de la policía, ocurrido en el municipio de Tarazá en el año 2025.
Además de la baja de los combatientes, el operativo permitió la incautación de material bélico y logístico. En el lugar de los hechos fueron recuperados cinco fusiles, dos pistolas y cuatro minas antipersonal, así como diversos equipos de comunicación utilizados por la organización para coordinar sus actividades. Asimismo, el bombardeo logró la destrucción total de un campamento que, presuntamente, servía como centro de coordinación para las actividades criminales del grupo en la región.
Tras el anuncio de los resultados, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia directa a los líderes de las organizaciones armadas ilegales en el territorio nacional. El mandatario señaló que los cabecillas no tendrán escondite ni tranquilidad mientras persistan en sus acciones de asesinar, extorsionar y aterrorizar a la población colombiana.
Este operativo representa el octavo bombardeo ejecutado contra grupos armados ilegales desde que el actual mandatario asumió la presidencia de la República el pasado 7 de agosto. Esta recurrencia en el uso de bombardeos ha generado una creciente polémica en el país debido al riesgo que representan estas tácticas para la población civil, específicamente para los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados forzosamente por estos grupos.
La controversia se sustenta en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual indica que ya se registran al menos ocho menores de edad muertos en el marco de estos operativos militares. El debate público sobre la legalidad y la ética de estas intervenciones se intensificó tras el segundo operativo de bombardeo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare, al sur del país. En aquel evento, de los diez fallecidos reportados, tres eran menores de edad: dos jóvenes de quince años y uno de dieciséis años, lo que ha puesto el foco en la vulnerabilidad de los menores reclutados en las zonas de conflicto.
