Angie Rodríguez, quien se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha generado una fuerte controversia en el ámbito político tras publicar una serie de revelaciones a través de sus redes sociales. En un video difundido recientemente, la exfuncionaria detalló la existencia de un dispositivo móvil utilizado por el expresidente Gustavo Petro que, según las evidencias presentadas, se encontraba "envenenado", sugiriendo un esquema de vigilancia o control sobre las comunicaciones del mandatario.
El núcleo de la denuncia de Rodríguez se centra en el descubrimiento de que la línea telefónica utilizada por el expresidente no estaba registrada a su nombre. Según el testimonio de la exdirectora del Dapre, al realizar una verificación, se percató de que la titularidad de la línea pertenecía a Jaime Ramírez Cobo, quien fue asesor de la Casa de Nariño y es, además, el padrino de matrimonio de Laura Sarabia. Este hallazgo provocó una alerta inmediata en Rodríguez, quien procedió a informar al presidente sobre la situación.
De acuerdo con el relato de Angie Rodríguez, la reacción de Gustavo Petro fue de molestia al enterarse de que su dispositivo de comunicación personal estaba vinculado a un tercero. La exdirectora afirmó que todos los indicios apuntaban hacia la responsabilidad de Laura Sarabia en la gestión de dicha línea telefónica. Ante esta situación, Rodríguez buscó tomar correctivos comunicándose directamente con un directivo del operador de telefonía móvil para intentar solucionar la irregularidad de la titularidad.
En el marco de estos acontecimientos, Rodríguez reveló un chat sostenido con René Guarín, quien fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En dicha conversación, Guarín confirmó la peligrosidad del dispositivo, utilizando el término "envenenado" para describir el estado del teléfono del expresidente. El exdirector del DNI advirtió que el riesgo no se limitaba únicamente a la tarjeta SIM, sino que se extendía a las cuentas de correo electrónico vinculadas.
Específicamente, Guarín señaló que las cuentas de Gmail no debían ser utilizadas, ya que el propietario original del teléfono —el dispositivo que fue entregado al presidente— tendría conocimiento y acceso a ellas. Como medida de seguridad, el exdirector de inteligencia recomendó una solución radical: la compra de una nueva tarjeta SIM y el inicio de un proceso de comunicación desde cero. La sugerencia consistía en que el presidente fuera asignando su nuevo número de manera gradual y selectiva a sus contactos más cercanos, incluyendo ministros, embajadores y secretarios, para liberarlo definitivamente de la dependencia del celular comprometido.
Rodríguez vinculó este episodio con informaciones periodísticas publicadas en enero de 2026. Según la exdirectora, diversos medios de comunicación señalaron en aquel momento que la Corte Suprema de Justicia estaba llevando a cabo intervenciones de las comunicaciones del presidente de la República. La razón de estas intervenciones, según el análisis de Rodríguez, radicaba precisamente en que la línea estaba a nombre de Jaime Ramírez Cobo y no del jefe de Estado, facilitando así el proceso legal de interceptación.
Además de la problemática del dispositivo físico y la línea telefónica, la exdirectora del Dapre aseguró que existen evidencias digitales adicionales. Afirmó que hay fotos, videos, conversaciones y diversos documentos que se encuentran anclados a un espacio de almacenamiento en la nube, el cual estaría relacionado con Laura Sarabia. Esta afirmación sugiere que la información sensible del expresidente podría haber estado almacenada o respaldada en cuentas controladas por terceros.
Para finalizar su exposición, Angie Rodríguez aportó pruebas visuales para sustentar sus declaraciones. En el material compartido, se puede observar una fotografía que muestra el celular calificado como "envenenado" junto al nuevo dispositivo que el exmandatario adquirió posteriormente para garantizar la seguridad y privacidad de sus comunicaciones. Con estas revelaciones, Rodríguez pone sobre la mesa un cuestionamiento sobre la seguridad de la información en los niveles más altos del poder ejecutivo.
