La Sala Plena de la Corte Constitucional ha emitido un fallo determinante respecto al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que el Gobierno nacional decretó tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que afectó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto de 2026. El alto tribunal declaró que dicha medida está ajustada a la Constitución, permitiendo así que el Ejecutivo mantenga la declaratoria, aunque el aval no es absoluto, ya que viene acompañado de una serie de condicionamientos y restricciones rigurosas sobre el uso de las facultades extraordinarias y la administración de los recursos financieros.
La decisión judicial quedó formalmente consignada en la sentencia C-366 de 2026, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés González. En el marco de este proceso jurídico, la Corte se encargó de estudiar la legalidad y constitucionalidad de los decretos 1261, emitido el 19 de agosto, y 1348, del 31 de agosto de 2026, los cuales sustentaban la respuesta gubernamental ante la calamidad.
Uno de los puntos más críticos de la sentencia se centra en la delimitación del alcance territorial de la emergencia. La Corte Constitucional determinó que el Estado de Emergencia no puede aplicarse de manera indiscriminada, sino que solo podrá cobijar a aquellos municipios que hayan registrado afectaciones directas por el terremoto y las réplicas subsiguientes. Para validar esta aplicación, el Gobierno deberá basarse estrictamente en los reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En los casos donde se pretenda incluir otras poblaciones dentro de los departamentos señalados por el Ejecutivo, será imperativo presentar un soporte técnico detallado que demuestre fehacientemente que dichas zonas también resultaron afectadas por el fenómeno natural.
Asimismo, el tribunal estableció una barrera clara para evitar que el Gobierno utilice la crisis como una oportunidad para resolver problemas estructurales preexistentes. En este sentido, la Corte fue enfática al señalar que las facultades extraordinarias derivadas de la emergencia no podrán ser empleadas para adoptar medidas relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario, ya que estas problemáticas no fueron originadas por el sismo del 10 de agosto.
En cuanto al manejo financiero, el fallo prohíbe tajantemente que los recursos destinados a la emergencia se utilicen para financiar asuntos ajenos a la calamidad. Respecto a las obras de reconstrucción, la Corte precisó que estas solo podrán ejecutarse mediante facultades extraordinarias si el Gobierno Nacional logra demostrar que los mecanismos ordinarios de contratación y financiación son insuficientes y que las intervenciones propuestas están directamente vinculadas con la recuperación de las zonas impactadas.
La sentencia también impuso una hoja de ruta estrictamente temporal y administrativa para el Ministerio de Hacienda. La cartera económica dispone de un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación del comunicado de la decisión, para realizar un recálculo preciso del costo total de la emergencia y establecer los recursos exactos necesarios para atender la crisis.
Adicionalmente, cualquier entidad que ordene gastos bajo este marco excepcional deberá justificar detalladamente la razón por la cual no puede acudir a los mecanismos ordinarios de financiación. Para evitar irregularidades, la Corte ordenó al Gobierno implementar un mecanismo de seguimiento independiente que permita rastrear el uso de los recursos y garantice que los organismos de control tengan conocimiento permanente sobre su destinación final.
Hacia el futuro, la Corte Constitucional exhortó al presidente de la República a que adopte y ejecute un plan de recuperación integral para las zonas afectadas, el cual debe contar con una planeación financiera y operativa proyectada a varios años.
La decisión final fue el resultado de una votación donde prevaleció la mayoría, con siete magistrados a favor y uno en contra. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente su voto, mientras que el magistrado Vladimir Fernández Andrade presentó una aclaración al fallo.
