En un escenario marcado por la tensión política y fuertes cuestionamientos a la transparencia del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, hizo entrega este miércoles a la Comisión de Constitución del Senado de los antecedentes relativos a 308 decretos de rebajas de condenas. Estos documentos corresponden a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, abarcando el período comprendido entre los años 2022 y 2026, en lo que se ha denominado el caso Pedófilos.
La entrega de esta información se produjo en un momento crítico para la instancia legislativa, la cual es presidida por el senador Vlado Mirosevic. Actualmente, la comisión se encuentra en medio de la discusión de un proyecto de ley que tiene como objetivo principal excluir los delitos sexuales contra menores de los beneficios de reducción de penas, buscando endurecer las sanciones para este tipo de crímenes.
Sin embargo, la entrega de los antecedentes no puso fin a las dudas, sino que desató una nueva ola de críticas debido a las condiciones bajo las cuales se proporcionó la información. Los documentos fueron entregados bajo reserva, quedando bajo la custodia exclusiva de la secretaría de la comisión. Esta medida implica que los parlamentarios no tienen posibilidad de reproducir ni divulgar públicamente el contenido de los decretos.
Al respecto, el secretario de la comisión, Ignacio Vásquez, fue el encargado de justificar esta restricción. Según explicó Vásquez, la reserva de los documentos responde estrictamente a las disposiciones legales vigentes sobre la protección de datos personales. En este sentido, el secretario sostuvo que, dadas las circunstancias legales, el documento no puede ser copiado y debe permanecer resguardado en la secretaría.
En cuanto al desglose de los datos entregados, los antecedentes revelan que desde el año 2022 se han firmado un total de 308 decretos de rebaja de penas. La distribución anual muestra un incremento gradual: 46 decretos en 2022, 54 en 2023, 66 en 2024, 76 en 2025 y 66 durante el transcurso de 2026.
El análisis de estos decretos permite diferenciar el origen de las rebajas. El 95 % de los casos, equivalente a 291 decretos, fueron el resultado de órdenes judiciales. Por otro lado, el 5 % restante, que representa 17 decretos, fueron tramitados por la vía administrativa. Asimismo, la información detalla que entre el 11 de marzo y el 26 de octubre del presente año, el ministro de Justicia rechazó 41 solicitudes de rebaja de condena.
A pesar de la entrega de estas cifras, la reacción de los parlamentarios fue de molestia. El punto central de la crítica radica en que el Ministerio de Justicia respondió únicamente sobre los delitos sexuales, omitiendo información que también había sido solicitada respecto a condenados por delitos vinculados al narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.
La senadora socialista Paula Vodanovic fue una de las voces más críticas, acusando que el Ministerio de Justicia demoró 15 días en responder para, finalmente, no dar cumplimiento total a la solicitud de la comisión. Vodanovic señaló que percibe un ánimo deliberado de no entregar la información completa para evitar que se conozcan los motivos reales por los cuales el ministro de Justicia otorgó beneficios a violadores sexuales, enfatizando que se tomaron 15 días para entregar apenas cuatro páginas de contenido.
En la misma línea de cuestionamientos, la senadora Daniela Cicardini (PS) puso el foco en el canal de entrega de la información. Cicardini criticó que los antecedentes fueran remitidos al Senado y no a la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que posee facultades fiscalizadoras directas. Para la parlamentaria, esta decisión es un indicio de que el Ejecutivo intenta ocultar información relevante.
Otras solicitudes específicas surgieron durante la sesión. La senadora Claudia Pascual (PC) pidió conocer los fundamentos técnicos y legales que justificaron las rebajas. Por su parte, el senador independiente Matías Walker solicitó precisiones sobre cuántos de estos casos contaron con recursos de amparo y si se consideraron los informes psicosociales elaborados por Gendarmería.
Finalmente, incluso desde sectores oficialistas surgieron dudas. El senador Arturo Squella, de Republicanos, cuestionó la aplicación de la reserva sobre los antecedentes estadísticos, argumentando que en dichos datos no existe información sensible que justifique el secreto. Debido a estas irregularidades y dudas, Squella solicitó formalmente que se invite al ministro Fernando Rabat a comparecer ante la comisión para entregar las explicaciones correspondientes.
