El juez Marcel Goulart Vieira, de la 2ª Vara Criminal de Dourados, aceptó la denuncia presentada contra el exdirector de la Penitenciaría Estadual de Dourados (PED), Rangel Schveiger, y otras 10 personas, entre servidores públicos, internos y una abogada, debido a su implicación en delitos cometidos dentro del establecimiento carcelario. Entre los cargos figuran el tráfico de drogas, la corrupción de servidores públicos y un homicidio.
Al aceptar la acusación formal, el magistrado afirmó que existen pruebas de la materialidad del delito, así como indicios suficientes de la autoría. De este modo, todos los acusados pasaron a ser considerados reos por los delitos de corrupción activa y pasiva, favorecimiento real, fraude en licitaciones y advocación administrativa.
De acuerdo con la denuncia, el exdirector, otros policías penales y la abogada conformaron una presunta organización criminal dentro de la PED. El esquema operaba mediante el cobro de valores pagados por los presos y sus familiares para facilitar la práctica de delitos como el tráfico de drogas y el porte de armas, además de permitir el ingreso ilegal de teléfonos celulares a la unidad penitenciaria.
La investigación detalló que Schveiger utilizaba las prerrogativas de su cargo para comercializar aparatos celulares dentro del penal y mantenía también una relación financiera y comercial común con un interno que operaba en la cantina del establecimiento.
Asimismo, la denuncia reveló la existencia de un mecanismo para efectuar pagos y obtener facilidades tanto en la PED como en la unidad Gameleira II. El propósito de este entramado era garantizar beneficios a un recluso señalado como cabecilla de la organización criminal Comando Vermelho (CV), así como a otros internos indicados por él.
Las pesquisas apuntaron que, en una de las transacciones ilícitas, se pagaron 9.000 reales a un policía para permitir el ingreso de un celular al penal, y 300.000 reales a otro agente para que un preso tuviera exclusividad en la venta de drogas y portara una pistola calibre .9 mm dentro de la penitenciaría.
Por su parte, el Ministerio Púbico Estadual solicitó el afastamiento de los cargos y la pérdida de acceso a los sistemas de información para los acusados; sin embargo, el juez no acogió dichas peticiones en esta fase inicial. El magistrado argumentó que, aunque los presuntos delitos se cometieron durante el ejercicio de la función pública, los hechos datan del año 2024 y no existen registros contemporáneos en el expediente que indiquen que los acusados sigan abusando de sus funciones o utilizando indebidamente los sistemas mencionados, por lo que determinó dejar en suspenso dicha medida por el momento. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de plazo para la manifestación de la defensa de los acusados.
La red criminal fue desmantelada en febrero de 2025 en el marco de la Operación Sátrapa, llevada a cabo por la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (Ficco/MS) con el fin de investigar los delitos perpetrados al interior del presidio. Las investigaciones se originaron en 2024 tras recibir información sobre un policía penal que ingresaba drogas y teléfonos celulares al Presidío Estadual de Dourados. Dicho agente fue detenido en flagrante en julio de ese año mientras transportaba aproximadamente 1,5 kilogramos de estupefacientes hacia el interior del penal, momento en el cual el director fue apartado del cargo y sujeto a monitoreo con tobillera electrónica.
Además del director, otros servidores estarían implicados en al menos un homicidio cometido dentro del presidio por orden de un interno que se identificaba como líder de una facción criminal y que actualmente cumple condena en el sistema federal. La esposa de dicho recluso, quien ejerce como abogada, también fue denunciada y procesada, por lo que el juez ordenó comunicar la situación a la Orden de Abogados de Brasil, sección Mato Grosso do Sul (OAB/MS).
En otro orden de asuntos de carácter judicial y financiero, el Instituto Municipal de Previsión de Campo Grande (IMPCG) y la Prefectura Municipal enfrentan dificultades para recuperar 1,4 millones de reales invertidos en el Banco Master. El caso involucra tanto una investigación criminal de la Policía Federal (PF) como una disputa en la justicia civil relacionada con el derecho de retención de valores de préstamos consignados no quitados, tras la liquidación extrajudicial de la institución financiera decretada por el Banco Central del Brasil en noviembre de 2025.
Por último, en el ámbito del tránsito nacional, la ministra Carmen Lúcria, del Supremo Tribunal Federal (STF), archivó una acción que cuestionaba el uso de vehículos particulares en las clases prácticas y exámenes de dirección para obtener la CNH. Con la decisión de no conocer el recurso presentado por la confederación sindical, se mantiene plenamente válida en todo el territorio nacional la resolución del Consejo Nacional de Tránsito (Contran) que autoriza el uso de automóviles particulares sin adaptaciones para la formación de conductores.
