El Poder Judicial de Chile atraviesa actualmente un clima de máxima tensión institucional. El detonante es la decisión del pleno de la Corte Suprema de ejercer sus facultades de superintendencia correccional, amparándose en el artículo 80 de la Constitución, con el objetivo de remover a magistrados que habrían cometido faltas graves a la probidad al viajar al extranjero haciendo uso de licencias médicas.
La situación alcanzó un punto crítico este jueves, cuando cerca del mediodía, el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, recibió tres notificaciones provenientes del Tribunal Constitucional (TC). Estas comunicaciones llegaron en un momento particularmente sensible, mientras los ministros supremos se encontraban reunidos de manera extraordinaria para definir los aspectos procedimentales previos a la votación caso por caso de la remoción de casi 60 jueces involucrados en el escándalo de las licencias médicas.
La noticia que trasladó Sáez al pleno aumentó la presión sobre el escenario. Desde el miércoles por la tarde, el TC ya había informado la suspensión de un cuaderno de remoción, pero las notificaciones del jueves trajeron una resolución que impactó profundamente a la judicatura. El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, logró que el TC admitiera a trámite su requerimiento de inconstitucionalidad y concediera la suspensión de su proceso en la Corte Suprema.
Para diversos integrantes del pleno, resultó insólito que esta resolución fuera unánime y emanara de la Primera Sala del TC, la misma instancia que semanas atrás había rechazado un requerimiento casi idéntico presentado por el mismo juez. Esta maniobra jurídica, coordinada por el abogado Carlos Quezada, obligó a la Suprema a retirar a Urrutia y a otros magistrados de la tabla de deliberaciones.
Según fuentes internas, existe indignación entre algunos supremos debido a la temporalidad de los hechos. Originalmente, el debate sobre las remociones debía iniciar el miércoles, pero se dilató un día más debido a que el ministro Mauricio Silva —quien se ha opuesto consistentemente a la apertura de los cuadernos de remoción— manifestó no poder continuar sesionando por una cita médica inaplazable. Algunos ministros interpretan que este retraso permitió que Urrutia ganara 24 horas cruciales para obtener el fallo favorable del TC, evitando así que el pleno deliberara sobre su futuro el miércoles por la tarde.
En total, el Tribunal Constitucional ha suspendido hasta el momento 10 cuadernos de remoción. Además del caso de Urrutia, se suman los procesos de los magistrados Jorge Saavedra, Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla, María Verónica Arancibia, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin. Ante estos obstáculos, una minoría del pleno propuso detener todo el proceso hasta que se resolvieran los requerimientos en el TC, pero prevaleció la postura de avanzar con los casos no suspendidos.
Este jueves, tras resolver asuntos operativos, los supremos procedieron a la votación. Se determinó que la presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, será la encargada de informar los resultados a la opinión pública el viernes, una vez que cada juez afectado haya sido notificado vía correo electrónico. Chevesich comunicará únicamente la cantidad de removidos, manteniendo la reserva de los nombres.
Sin embargo, los resultados preliminares han generado sorpresa. De los 25 cuadernos votados durante la jornada, el pleno —compuesto por 18 ministros— solo alcanzó los 11 votos necesarios para remover a tres jueces. No hubo más expulsiones en este primer bloque, revelando una profunda división interna en la aplicación del artículo 80 constitucional.
La pugna se intensificó especialmente en el debate sobre las "exclusiones". Una parte del pleno argumentó que aquellos magistrados que no eran titulares al momento de la falta (como los relatores) no podían ser sancionados bajo esta norma, ya que el artículo 80 se refiere específicamente a la responsabilidad constitucional y ministerial de jueces titulares. Esta interpretación provocó varios empates de 9 votos contra 9, frenando la posibilidad de una purga más amplia.
Con 23 cuadernos aún pendientes para el viernes, se prevé que la cifra final de removidos sea inferior a 10, un número considerablemente más bajo de lo que la opinión pública esperaba dado el agresivo inicio del proceso. Esta situación deja a la presidenta Chevesich en una posición vulnerable, pues se anticipan críticas tanto de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, que cuestiona la vulneración del debido proceso, como de sectores externos que cuestionarán la reticencia de la Suprema a aplicar mano dura contra sus pares. A pesar de esto, algunos sectores creen que la agresividad del proceso habrá servido como un efecto disuasivo para el resto del Poder Judicial.
