La Fiscalía General de la Nación ha puesto al descubierto una sofisticada y compleja red de lavado de activos que utilizaba un entramado de empresas fachadas, sociedades ficticias y el uso estratégico de criptoactivos para legalizar sumas millonarias provenientes del narcotráfico. Según las investigaciones lideradas por la Dirección de Lavado de Activos, la organización criminal logró dar apariencia de legalidad a una suma que oscila entre los 2 y 2,3 billones de pesos.
El esquema operativo, denominado por las autoridades como un "criptolavadero", se basaba en un ciclo de movimientos financieros diseñados para borrar el rastro del dinero ilícito. El proceso comenzaba con la canalización de los recursos hacia transacciones virtuales y criptoactivos. Estos activos digitales eran retirados de manera urgente para ser convertidos nuevamente en efectivo, el cual era destinado posteriormente a la adquisición de activos tangibles, principalmente casas y vehículos de lujo.
De acuerdo con Sandra Liliana Mesa, directora especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, el rastreo de estos recursos fue coordinado por las direcciones especializadas contra el lavado de activos y de extinción del derecho de dominio, ambas adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales. La funcionaria advirtió que, entre los años 2018 y 2026, se detectó un entramado societario creado específicamente para otorgar una fachada de legalidad a los dineros derivados del tráfico de estupefacientes.
La investigación reveló que la organización conformó nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio. Estas entidades se presentaban formalmente como dedicadas a sectores como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. Sin embargo, Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio, explicó que las evidencias recolectadas indican que varias de estas compañías carecían por completo de la infraestructura y la capacidad operativa necesaria para ejecutar las actividades que declaraban.
Uno de los puntos críticos que alertó a los investigadores fue la detección de movimientos bancarios por sumas extremadamente altas que no coincidían con la realidad económica de las empresas. Además, se identificaron inversiones en inmuebles y vehículos de alta gama que carecían de cualquier justificación financiera lógica. El análisis de los estados y movimientos bancarios mostró inconsistencias graves, incluyendo operaciones internacionales que, paradójicamente, eran reportadas entre las mismas empresas que formaban parte de la red investigada.
En cuanto al uso de tecnologías financieras, la Fiscalía logró identificar transferencias millonarias realizadas en USDT, una moneda digital estable. Estas transacciones vinculaban a la red con empresas asociadas a grupos narcotraficantes que ya habían sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, lo que confirmó el origen ilícito de los fondos.
Como resultado de estas investigaciones, la Fiscalía procedió a ejecutar operativos de incautación y medidas cautelares. Se han adelantado procesos de extinción de dominio sobre más de 30 bienes, con un valor estimado que supera los 10 millones de dólares. Específicamente, el director de Extinción de Dominio detalló que se decretaron medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado. Este listado incluye cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, todos los cuales pasarán a la administración del Estado.
Finalmente, las autoridades identificaron a los presuntos responsables de esta operación. Hugo Daniel Giraldo Santamaría ha sido señalado como el presunto cabecilla de la organización y el principal articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de los recursos. Asimismo, se vinculó a su esposa, Carolina María Giraldo, quien estaría relacionada con el manejo de las grandes sumas de dinero y la gestión del conglomerado societario utilizado para el blanqueo de capitales.
