La Fiscalía General de la Nación informó este jueves 10 de septiembre sobre la desarticulación de una sofisticada red criminal dedicada al lavado de activos. Según el ente acusador, la organización habría logrado introducir a la economía legal la suma de 2,3 billones de pesos, recursos que provendrían directamente del narcotráfico y que fueron movilizados a través de un entramado de empresas y el uso de criptoactivos.
El operativo, llevado a cabo en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, contó además con el apoyo estratégico de la agencia estadounidense DEA. Como resultado de estas diligencias de registro y allanamiento, realizadas en las ciudades de Medellín y Barranquilla, se logró la captura de cinco personas señaladas como piezas clave en el funcionamiento de esta estructura financiera ilícita.
La investigación, liderada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio de la Delegada para las Finanzas Criminales, permitió identificar un complejo esquema societario. De acuerdo con el comunicado oficial, entre los años 2018 y 2026, la red utilizó un entramado de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio para dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos. Estas empresas estaban formalmente dedicadas a actividades de obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Sin embargo, el rastreo financiero reveló que varias de estas compañías carecían de la infraestructura y la capacidad operativa necesaria para ejecutar los contratos o servicios que declaraban. La Fiscalía destacó que existían inconsistencias profundas entre los estados financieros presentados y los movimientos bancarios reales, los cuales registraban sumas extremadamente altas y transacciones cruzadas entre las mismas firmas, evidenciando una actividad económica escasa o inexistente en términos operativos reales.
Un componente fundamental de esta operación fue el uso de activos virtuales para movilizar el capital. Los investigadores detectaron transferencias millonarias realizadas en la moneda digital USDT. Estas transacciones vinculaban a la red con empresas asociadas a grupos narcotraficantes que ya habían sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. El modus operandi consistía en ingresar el capital al país a través del sistema financiero o mediante estos activos virtuales, para luego monetizar y retirar los fondos con rapidez, invirtiéndolos finalmente en propiedades y vehículos de alta gama.
Respecto a la estructura jerárquica, la Fiscalía identificó a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como el presunto cabecilla de la organización, quien fungía como articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría vinculada al manejo de las grandes sumas de dinero y a la administración del conglomerado societario.
El resto de los capturados desempeñaban roles operativos específicos: Janeth Catalina Cano Santamaría se encargaba presuntamente de coordinar la canalización, dispersión y monetización de los activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela utilizaba billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y conversión del dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa era el responsable de dar tránsito a los fondos y mantenerlos ocultos a través de las sociedades investigadas.
En cuanto a los bienes afectados, la entidad informó que tres inmuebles situados en Barranquilla y Envigado, valorados en aproximadamente 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso. Adicionalmente, se decretaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado. Este conjunto de activos incluye cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, con un valor preliminar que supera los 10,2 millones de dólares.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron seis armas de fuego, de las cuales cuatro no contaban con el permiso de porte legal, además de diversos elementos que serán fundamentales para el avance de las investigaciones judiciales contra esta red de lavado de activos.
