La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una reforma constitucional que prohíbe la participación de figuras opositoras en los procesos electorales, atendiendo a una solicitud directa del presidente Daniel Ortega. El anuncio fue realizado por el órgano legislativo, el cual se encuentra bajo el control del oficialismo de izquierda.
La enmienda aprobada introduce cambios significativos en la estructura del poder ejecutivo, ampliando el mandato presidencial de seis a siete años. Asimismo, la normativa establece la exclusión de los comicios para aquellas personas que, bajo el criterio del gobierno, hayan participado en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, sean consideradas “traidores a la patria” o hayan solicitado “intervención militar” o “bloqueos económicos” contra el país.
El presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, informó que el articulado fue aprobado de forma unánime durante una sesión especial llevada a cabo en la ciudad de León, ubicada a 90 kilómetros al noroeste de Managua.
En la actualidad, Daniel Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75 años, ejercen un poder absoluto con un control riguroso sobre la sociedad. Este escenario se ha intensificado tras las protestas de 2018, cuya represión resultó en más de 300 muertes, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por su parte, la pareja presidencial, que se mantiene en el poder desde hace casi dos décadas, sostiene que aquellas manifestaciones fueron un “intento de golpe de Estado” impulsado por Estados Unidos, país que califica al gobierno nicaragüense de “dictadura”.
A raíz de las movilizaciones de 2018, miles de ciudadanos nicaragüenses se vieron obligados al exilio. Entre los desplazados se encuentran dirigentes opositores, intelectuales y religiosos, quienes fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”. Esta situación ha provocado que la oposición dentro del territorio nacional sea prácticamente nula. Desde el exilio, los dirigentes advierten que la exclusión de los comicios es una estrategia para garantizar la sucesión del poder dentro de la familia Ortega-Murillo, especialmente ante el estado de salud del mandatario, quien padece lupus y problemas renales.
Cabe destacar que la ampliación del mandato a siete años no solo afectará a futuras elecciones, sino que también regirá para las actuales autoridades que fueron elegidas mediante voto popular. Esta reforma fue anunciada inicialmente por el propio Ortega el pasado 19 de julio, coincidiendo con el aniversario de la revolución sandinista, provocando un rechazo generalizado a nivel internacional.
En respuesta a estas medidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), por iniciativa de Estados Unidos, aprobó hace dos semanas la convocatoria a una reunión urgente de cancilleres. Aunque la fecha aún no ha sido definida, el objetivo es debatir la implementación de sanciones contra el gobierno nicaragüense. Al respecto, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, señaló en una entrevista el pasado domingo que se espera que los ministros tomen decisiones, ya sean individuales o colectivas, para castigar y ejercer mayor presión sobre Nicaragua.
No obstante, la enmienda aprobada por la Asamblea desconoce la “aplicación de leyes extraterritoriales por parte de cualquier Estado, grupo de Estados u organismos internacionales”. Una vez aprobada este martes, la reforma deberá ser ratificada en la segunda legislatura que iniciará a principios de 2027, paso que se considera un hecho dada la composición del Legislativo.
Para comprender el contexto actual, es necesario recordar que Daniel Ortega gobernó en la década de 1980 y regresó al poder en 2007, siendo reelegido posteriormente en tres ocasiones a través de comicios cuestionados. En las elecciones celebradas hace cinco años, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo una victoria amplia sin rivales, luego de que el gobierno encarcelara a diversos opositores.
En el año 2024, ya se había implementado una reforma constitucional que extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Rosario Murillo al cargo de copresidenta. Asimismo, dicha reforma aplazó los comicios que debían realizarse a finales de este año para noviembre de 2027.
En el ámbito económico, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Nicaragua, a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno de Donald Trump. El país también continúa recibiendo créditos de bancos internacionales y del Fondo Monetario Internacional (FMI), motivo por el cual la oposición ha instado a la comunidad internacional a aplicar sanciones económicas directas.
Finalmente, un grupo de una docena de organizaciones opositoras ha acordado recientemente un plan de transición política. Esta propuesta incluye la excarcelación de presos políticos y la renovación total de las instituciones judiciales, electorales, policiales y militares, las cuales se encuentran actualmente controladas por el gobierno. Por su parte, el gobierno de Donald Trump ha manifestado que no se quedará quieto frente a los planes de Nicaragua de eliminar las elecciones.
