El Gobierno de Brasil ha dado un paso decisivo en su estrategia energética al aprobar este jueves una profunda reforma en la comercialización del gas natural perteneciente al Estado. Esta medida tiene como objetivo central reducir al menos un 50 % el precio del combustible suministrado a la industria nacional, buscando con ello aumentar la competitividad del sector manufacturero y estimular la llegada de nuevas inversiones al país.
La decisión fue formalizada por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), el cual ha otorgado autorización a la empresa estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) para que pueda vender directamente en el mercado libre, a través de procesos de subastas, la fracción de gas natural que le corresponde según los contratos de producción compartida suscritos con diversas compañías petroleras.
Para comprender el alcance de esta medida, es necesario analizar el funcionamiento de los contratos de producción compartida, los cuales han sido firmados en su gran mayoría por la compañía Petrobras. Bajo este esquema, las petroleras obtienen los derechos para explotar áreas que cuentan con enormes reservas ya probadas; a cambio, deben entregar un porcentaje de la producción total al Estado brasileño, el cual es representado legalmente por la PPSA.
Hasta la implementación de esta nueva normativa, el volumen de gas que las petroleras transferían a la PPSA era vendido de manera exclusiva a Petrobras. Esta última actuaba como el único intermediario, revendiendo posteriormente el combustible al resto del mercado. Con la nueva resolución, se rompe este circuito cerrado, permitiendo que la PPSA acceda directamente a los compradores industriales.
El impacto económico proyectado por el Ministerio de Minas y Energía es significativo. Según las previsiones oficiales, la nueva política permitirá que el gas propiedad del Estado llegue a la industria a un precio cercano a los 5 dólares por millón de BTU. Esta cifra representa una caída drástica frente a los aproximadamente 12 dólares por millón de BTU que el mercado brasileño ha estado pagando actualmente por el mismo recurso.
El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, destacó la importancia de este cambio a través de un comunicado oficial de su cartera, señalando que la reestructuración rompe un modelo concentrado de comercialización. Según el funcionario, este nuevo esquema permitirá ofrecer un insumo estratégico a un precio mucho más competitivo para la industria nacional.
En cuanto a la puesta en marcha, la resolución autoriza que las primeras subastas se lleven a cabo durante el presente año. El plan de ejecución está diseñado para brindar previsibilidad tanto a los productores como a los consumidores industriales, contemplando la realización de licitaciones de corto plazo comprendidas entre los años 2026 y 2030, así como contratos de largo plazo que inicien a partir del año 2030.
El Gobierno ha establecido criterios de prioridad para la asignación de este recurso. El gas comercializado por el Estado tendrá como destino prioritario aquellos sectores industriales que hacen un uso intensivo del combustible. Entre las industrias beneficiadas se encuentran la química, la petroquímica, la siderúrgica y la de fertilizantes, aunque el Gobierno aclaró que la asignación final estará sujeta a las condiciones específicas de cada proceso de comercialización.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para incrementar la oferta de gas natural y fomentar la competencia en un mercado que ha estado históricamente dominado por Petrobras. El Ministerio de Minas y Energía subrayó que esta política se alinea con los objetivos de la Ley del Gas, aprobada en 2021, la cual creó un marco regulador destinado a facilitar el acceso a las infraestructuras de procesamiento y transporte, promoviendo así un entorno más competitivo.
Finalmente, el impacto financiero proyectado es considerable. De acuerdo con estudios de la Empresa de Pesquisa Energética, la aplicación de esta política, sumada a otras medidas que la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) está preparando para desconcentrar el mercado y ampliar el acceso a las infraestructuras, podría generar inversiones estimadas en 66.000 millones de reales, equivalentes a 12.993 millones de dólares.
Esta medida responde a una demanda sostenida durante años por parte de los representantes del sector industrial. Las empresas brasileñas han denunciado que el país paga uno de los precios de gas natural más elevados entre las grandes economías mundiales, un factor que ha mermado la competitividad de las industrias intensivas en energía frente a sus competidores en el mercado internacional.
