Panamá atraviesa actualmente una emergencia económica caracterizada por el aumento del desempleo, el deterioro progresivo de los servicios públicos, un bajo crecimiento y una evidente pérdida de confianza. En este contexto, el debate político nacional parece haberse desviado de los temas críticos; mientras la urgencia económica persiste, la atención de algunos diputados de los partidos MOCA y Vamos parece centrarse más en la producción de contenidos para redes sociales que en una vigilancia rigurosa de la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto público del gobierno de Realizando Metas.
La estrategia gubernamental ha sido clara en su orientación hacia la austeridad. El presidente José Raúl Mulino, en su informe presentado el 1 de julio de 2026, reconoció que al inicio de su administración recibió propuestas para reducir la planilla estatal en un 20% y disminuir los subsidios. Esta medida confirma que la austeridad fue planteada desde el primer día como la respuesta principal a la crisis fiscal, bajo la premisa de que reducir el gasto es el camino directo para recuperar la confianza de los mercados internacionales.
Sin embargo, este enfoque parte de un supuesto discutible: la idea de que el endeudamiento elevado es siempre la causa del bajo crecimiento. La realidad económica sugiere que la relación puede ser inversa. Una economía que deja de crecer recauda menos impuestos y genera menos empleos, lo que termina aumentando el peso relativo de la deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB), incluso si el gobierno implementa recortes en el gasto.
Uno de los puntos más críticos en este análisis es la productividad. Durante años se ha argumentado que la baja productividad panameña se debe a la supuesta falta de diligencia de los trabajadores. Este argumento ignora que la productividad depende fundamentalmente de la calidad de las instituciones, la infraestructura, la educación y la adopción tecnológica, elementos que requieren inversión sostenida. Al restringir la inversión pública en nombre de la disciplina fiscal, se debilitan las bases necesarias para aumentar la productividad a futuro.
El análisis de estas políticas económicas carece, además, de un estándar de evaluación riguroso. Mientras que en el sector farmacéutico se exige demostrar que un medicamento ofrece más beneficios que riesgos antes de su uso, no existe un criterio similar para evaluar políticas económicas que afectan la salud, la educación, la seguridad o el empleo. Las medidas de austeridad actuales han sido implementadas sin una demostración clara de que sus beneficios superen los costos sociales implicados.
La historia reciente ofrece advertencias claras. Tras la crisis financiera de 2008, varios países europeos aplicaron una consolidación fiscal para tranquilizar a sus acreedores, lo que resultó en recesiones, desempleo elevado y un deterioro de los sistemas sanitarios y educativos. En esos casos, reducir el gasto en una economía ya deprimida terminó debilitando la capacidad de recuperación y, paradójicamente, aumentó el peso de la deuda respecto al PIB.
Este riesgo es latente en Panamá si la disciplina fiscal se convierte en un objetivo absoluto y no en un instrumento de desarrollo. Si la reducción del gasto debilita la actividad económica y disminuye la recaudación, la sostenibilidad fiscal se deteriora aún más. La estabilidad de un país no puede medirse solo por la tranquilidad de los mercados financieros, sino por su capacidad para garantizar agua potable, hospitales operativos, educación de calidad y oportunidades laborales.
Asimismo, resulta problemática la analogía frecuente de que el Estado debe administrarse como una familia responsable. A diferencia de un hogar, el Estado planifica infraestructura nacional, sostiene sistemas educativos y administra hospitales; existen bienes públicos que ningún individuo puede financiar por sí solo. Comparar las finanzas públicas con las familiares simplifica en exceso una realidad compleja y puede justificar la desatención de responsabilidades fundamentales hacia millones de personas.
La particularidad de Panamá, al utilizar el dólar estadounidense sin emitirlo, hace que su estabilidad dependa estrictamente de la atracción de inversiones y la preservación de la seguridad jurídica. Convertir la austeridad en una virtud automática puede ser contraproducente en una economía que necesita urgentemente mantenimiento de infraestructura, insumos médicos e inversión educativa para recuperar su dinamismo.
La inversión pública no debe evaluarse solo por su costo, sino por su capacidad de generar valor público. Si bien es necesario eliminar el gasto improductivo, la eliminación indiscriminada de la inversión útil es peligrosa. Especialmente cuando las empresas y los hogares reducen su gasto por incertidumbre, el Estado es el único actor capaz de sostener la demanda agregada.
Finalmente, la verdadera responsabilidad fiscal no consiste únicamente en recortar cifras presupuestarias. Exige eliminar la corrupción, evitar sobrecostos, mejorar la calidad del gasto y garantizar eficiencia administrativa. La disciplina fiscal debe ser una herramienta y no un dogma, pues cuando se convierte en un fin en sí mismo, corre el riesgo de preservar balances contables mientras se deteriora el capital humano y el futuro económico de la nación.
