El Gobierno de Mendoza ha remitido a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a mejorar el acceso a la vivienda propia para los docentes de la provincia. Esta iniciativa surge como una respuesta a los desafíos habitacionales que enfrentan las familias educadoras, quienes se ven afectadas por la escasez de créditos hipotecarios y un contexto macroeconómico desfavorable.
El proyecto, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, propone la modificación de la Ley 9.545, mediante la cual se había creado el Fondo Escolar Permanente en 2024. El objetivo central del Ejecutivo es optimizar la gestión patrimonial de la Dirección General de Escuelas (DGE) y modernizar las herramientas financieras del Estado, asegurando que estas medidas no incrementen la presión fiscal ni generen nuevo endeudamiento público.
La propuesta se estructura sobre dos ejes principales. En primer lugar, busca ampliar las fuentes de financiamiento del Fondo Escolar Permanente. Para ello, se pretende incorporar los recursos provenientes de la venta, subasta, remate, alquiler o indemnizaciones derivadas de bienes en desuso, vehículos obsoletos, equipamiento y materiales pertenecientes a la DGE o al Ministerio de Educación. De esta manera, el Gobierno busca transformar activos que actualmente representan costos de almacenamiento y mantenimiento en recursos líquidos destinados a la infraestructura educativa.
En segundo lugar, el aspecto más innovador de la reforma es la incorporación del artículo 6° bis. Esta normativa autoriza a la DGE a utilizar parte de los recursos del Fondo Escolar Permanente como garantía, contragarantía, caución, reserva o respaldo para operaciones crediticias y bancarias vinculadas a programas de soluciones habitacionales y urbanización para el personal docente. Es fundamental aclarar que el proyecto no prevé la entrega directa de dinero para la construcción, sino que el Fondo actuará como respaldo financiero para créditos, fideicomisos o cauciones.
Para proteger la operatividad del sistema, el proyecto establece que la afectación de estos recursos no interrumpirá el funcionamiento del Fondo Escolar. Se constituirá una reserva con disponibilidad restringida, bajo condiciones que definirá la reglamentación, y se deberá preservar un saldo mínimo operativo para asegurar que no se comprometa la totalidad de los recursos líquidos disponibles. El Ejecutivo fundamenta que reconocer el derecho a una vivienda digna para maestros y profesores es una política de Estado que impacta positivamente en su arraigo, estabilidad y motivación institucional.
Además, la reforma amplía el objeto del Fondo Escolar. Mientras que anteriormente estaba orientado primordialmente a la infraestructura, el nuevo texto permite destinar rentas a la adquisición de terrenos, construcción, reparación y equipamiento, entendiendo que la comunidad educativa comprende no solo la estructura edilicia, sino también a los estudiantes y trabajadores.
En paralelo a esta ley, el Gobierno provincial ha delineado dos operatorias habitacionales distintas al modelo tradicional del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La primera línea, exclusiva para docentes, prevé la construcción de unas 250 viviendas de aproximadamente 60 metros cuadrados. El valor estimado de cada unidad, incluyendo la urbanización, oscila entre los 100 y 120 millones de pesos.
El esquema financiero para los docentes establece que el 80% del valor será cubierto mediante un crédito bancario (con posible intervención del Banco Nación), mientras que el 20% restante deberá ser aportado por el adjudicatario como ahorro previo, monto que oscila entre los 20 y 25 millones de pesos y podrá reunirse en un plazo de 12 a 24 meses. Para acceder, se priorizará a los docentes con estabilidad laboral (titulares) y se exigirá una capacidad de pago equivalente a cinco salarios mínimos, vitales y móviles, lo que representa un piso de ingresos de $1.815.000. Las inscripciones se abrirán en el segundo semestre a través del IPV, contemplando ubicaciones en Guaymallén, Ciudad y San Rafael, entre otras zonas.
Finalmente, el Gobierno prepara una segunda operatoria para familias en general que cumplan los requisitos de vivienda única, financiada con 10 millones de dólares del fondo del resarcimiento. Este plan prevé unas 350 viviendas, donde la Provincia aportará hasta el 40% del valor (con un tope de 130 millones de pesos) y el desarrollador privado cubrirá el 60% restante. Bajo este modelo, el Estado actúa como regulador y facilitador, mientras que el sector privado asume el rol central en la construcción y el financiamiento.
