Durante la cena anual de la Sociedad Histórica de la Corte Suprema celebrada en junio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, llevó a cabo un brindis en honor al presidente de los Estados Unidos. Aunque este ritual se realizaba anteriormente sin aclaraciones en el Gran Salón de columnas de mármol, este año el director ejecutivo de la Sociedad Histórica intervino primero para precisar que el brindis era una tradición histórica mantenida durante décadas para cualquier habitante de la Casa Blanca. Solo tras esta explicación, Roberts alzó su copa.
Este gesto simbólico ocurre en un contexto de tensiones persistentes entre el poder judicial y el ejecutivo. En la última década, la Corte Suprema, liderada por una supermayoría conservadora, ha tomado decisiones que han expandido significativamente los límites de la presidencia, beneficiando directamente a Donald Trump. Entre estas medidas destaca la concesión de una inmunidad sustancial frente a la persecución penal y la limitación de la capacidad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional contra políticas potencialmente ilegales.
Asimismo, la Corte ha permitido restricciones a la entrada de extranjeros basadas en animosidad religiosa o racial. Más recientemente, se le otorgó a Trump la facultad de destituir a los directores de agencias independientes, como aquellas encargadas de la protección del consumidor, los derechos de los trabajadores y la regulación nuclear.
Ante estas decisiones, John Roberts ha intentado subrayar que la Corte Suprema otorga poder a la institución de la presidencia y no a un individuo en particular. Para contrarrestar la narrativa de que el tribunal está bajo la influencia de Trump, Roberts ha recurrido a medidas inusuales. Por ejemplo, al emitir la opinión que permitía destituir a reguladores independientes, publicó simultáneamente una decisión aparte que impedía a Trump destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. Para asegurar que ambas sentencias se leyeran juntas, los documentos distribuidos en la sala de prensa estaban sujetos con una goma elástica.
Roberts ha defendido la independencia de los magistrados en diversas ocasiones. Durante una comparecencia en la Universidad Rice, afirmó que es "absurda" la idea de que los jueces transmitan las opiniones de quienes los nombraron, recordando que los miembros de la corte han sido designados por cinco presidentes diferentes.
Sin embargo, un análisis integral de los casos relacionados con Trump revela una tendencia de la mayoría conservadora a alinearse con sus prioridades, como el fortalecimiento del poder ejecutivo y la eliminación de medidas contra la discriminación racial en la educación superior y el voto. Brian Fitzpatrick, profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, señaló que los magistrados actúan de forma independiente pero en sintonía con Trump, destacando que la corte actual muestra un menor apego al principio de "stare decisis" o adhesión a los precedentes.
Este clima ha agudizado las divisiones internas. Mientras los magistrados liberales denuncian las transgresiones de Trump, los conservadores se han distanciado de ellos. Un ejemplo claro fue la decisión 6-3 que permitió terminar el estatus de protección temporal (TPS) para los haitianos. La jueza Elena Kagan criticó que el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría, evitara repetir el lenguaje despectivo que Trump había utilizado para referirse a Haití. Además, la tensión se manifestó socialmente cuando los seis magistrados conservadores asistieron a una cena en la Casa Blanca en honor al rey Carlos III, evento al cual los tres magistrados liberales no fueron invitados.
A pesar de esto, la Corte ha impuesto algunos límites. Rechazó la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo en 2019 y, recientemente, impidió que Trump usurpara el poder arancelario del Congreso o desmantelara el derecho de ciudadanía por nacimiento. En este último caso, Roberts logró una mayoría de cinco votos, aunque con dificultades para convencer a colegas de derecha como Alito, Thomas y Kavanaugh.
El impacto de estas dinámicas se refleja en la opinión pública. Una encuesta de Gallup reveló que la aprobación de la Corte Suprema ha caído a un mínimo histórico del 33%, descendiendo desde el 39% del año pasado y el 62% registrado en el año 2000. Este desplome incluye una caída en el apoyo de los republicanos, posiblemente debido a los fallos sobre ciudadanía y aranceles.
