La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras la implementación de una nueva medida destinada a la acreditación de saberes de docentes que actualmente se encuentran en ejercicio pero que no poseen un título habilitante. Esta iniciativa ha generado reacciones críticas, especialmente por parte de exautoridades del área de formación docente, quienes cuestionan la calidad y la rigurosidad del proceso.
La medida fue formalizada a través de la Resolución n° 3009/025, emitida por el Consejo Directivo Central de la ANEP. Mediante este acto administrativo, se aprobó el documento denominado “Plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio de educación media”. Según los argumentos oficiales de la administración actual, el objetivo fundamental de esta propuesta es fortalecer la profesionalización de la docencia, impulsando acciones que permitan a aquellos educadores que ya están trabajando en las aulas obtener la titulación correspondiente.
Sin embargo, la implementación de este plan ha sido calificada como insuficiente y problemática por Rosana García, exsecretaria general de Formación en Educación (CFE) de la ANEP entre los años 2020 y 2025. Desde su perspectiva, la verdadera profesionalización de la enseñanza no puede alcanzarse a través de procedimientos automáticos de otorgamiento de títulos, señalando que los requisitos establecidos para acceder a este beneficio son escasos y no permiten afirmar que el desempeño del docente justifique tal reconocimiento.
Uno de los puntos más conflictivos de la resolución es la flexibilidad de los requisitos académicos. El procedimiento permite el acceso a profesionales que posean una formación vinculada al campo disciplinar en el que se desempeñan, siempre que dicha formación sea equivalente, al menos, al 50% de la carrera docente correspondiente. Asimismo, se abre la posibilidad a profesionales con formación previa acreditada en instituciones universitarias o terciarias habilitadas.
Esta disposición ha sido tildada de "disparate" por los críticos, quienes argumentan que contar con la mitad de los créditos necesarios para una formación docente adecuada, basándose únicamente en la formación del área disciplinar, no es suficiente para garantizar la competencia pedagógica. La crítica central radica en que existir una diferencia sustancial entre ser un profesional experto en una materia determinada o un graduado universitario en un área específica, y estar debidamente formado en las herramientas necesarias para enseñar.
Para mitigar esta brecha, la resolución establece que los profesionales deberán cursar una “propuesta formativa semestralizada elaborada por la Comisión de Formación Permanente de la ANEP”, la cual incluirá componentes de pedagogía y didáctica. No obstante, esta solución ha sido cuestionada por su falta de claridad, describiéndose como una medida improvisada donde se otorgan los títulos primero para luego definir la formación necesaria.
La severidad de las críticas se extiende al impacto simbólico y profesional de la medida. Se sostiene que este camino simplificado socava la calidad del desempeño docente y denigra la jerarquía del título docente, convirtiéndolo en lo que García describe como un “titulito” fácil de alcanzar. El mensaje implícito sería que el esfuerzo de cursar una carrera completa es irrelevante, ya que existen rutas alternativas y menos exigentes para obtener la misma certificación.
En el plano histórico, se ha recordado que procedimientos similares de acreditación automática fueron utilizados durante la época de la dictadura, un periodo en el cual el país enfrentaba una crisis profunda y una escasez crítica de profesionales en diversas áreas. No obstante, se argumenta que la situación actual del país es completamente distinta y no justifica el regreso a tales prácticas.
Asimismo, se ha señalado un retroceso en relación con las políticas de la administración anterior, liderada por Luis Lacalle Pou. Según se indica, los esfuerzos previos por jerarquizar la profesión docente, dotarla de conocimientos actualizados y planes de estudio orientados a la excelencia, se ven ahora afectados por una decisión que va en sentido opuesto.
Finalmente, se plantea que la profesionalización real debería lograrse promoviendo y facilitando que los docentes sin título culminen efectivamente sus carreras. Se sugiere que cualquier procedimiento de acreditación de saberes debería ser excepcional, reglamentado con requisitos estrictos y reservado únicamente para reconocer trayectorias destacadas en situaciones puntuales, en lugar de aplicarse de forma generalizada y automática.
