La expresidenta Cristina Kirchner anunció formalmente el inicio de una nueva etapa en su estrategia judicial luego de la sentencia en la causa «Vialidad», proceso que resultó en su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una condena a seis años de prisión. A través de una extensa carta abierta titulada «El costo democrático de la politización de la justicia», la exmandataria confirmó que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de someter el accionar de los tribunales locales al escrutinio internacional.
En el documento, la exjefa de Estado enfatizó que la condena tiene como objetivo principal su proscripción política. Según el planteo de Kirchner, la inhabilitación perpetua constituye la pena principal del fallo, mientras que la privación de la libertad por seis años es considerada una medida accesoria. En sus palabras, esta estrategia busca impedir que un sector del pueblo argentino pueda elegir libremente el proyecto político que representa sus esperanzas.
Uno de los ejes centrales de la misiva es la denuncia sobre la existencia de un «machismo estructural» dentro del sistema judicial argentino. La expresidenta vinculó la intensidad de la persecución judicial y la estigmatización mediática con una violencia política que, a su juicio, antecedió al intento de magnicidio perpetrado en su contra el 1 de septiembre de 2022. Kirchner cuestionó que, siendo la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina, haya resultado ser la única expresidenta condenada por la Corte Suprema, sugiriendo que este hecho no es una casualidad, sino una manifestación de prejuicios de género frente a un liderazgo político ejercido con firmeza.
Para sustentar su presentación ante el organismo multilateral con sede en Ginebra, la exmandataria oficializó la incorporación de dos juristas de trayectoria internacional a su equipo de defensa. Se trata del abogado español Javier Borrego, quien se desempeñó como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y del académico brasileño Rafael Valim, especialista en derecho administrativo y lawfare. Ambos profesionales tendrán la tarea de articular los reclamos relativos a violaciones al debido proceso, las garantías de imparcialidad y el ejercicio de los derechos políticos. Esta acción da continuidad a los señalamientos realizados en 2022 por un colectivo de juristas internacionales coordinado por Raúl Zaffaroni y Baltasar Garzón.
Desde una perspectiva más amplia, Cristina Kirchner encuadró su situación judicial dentro de una dinámica regional y global. Afirmó que existe una utilización creciente del sistema penal para neutralizar liderazgos populares, transformando el Derecho y la Justicia en armas políticas para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados en las urnas. Para la exmandataria, este fenómeno representa una de las mayores amenazas para las democracias constitucionales, ya que ocurre cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución.
El planteo ante la ONU buscará revisar la actuación de cada uno de los magistrados e integrantes del Ministerio Público que intervinieron en la causa Vialidad, evaluándolos bajo la luz de los tratados y convenciones suscriptos por la República Argentina. La argumentación sostiene que el recurso ante el sistema universal de protección de derechos humanos se activa precisamente cuando los mecanismos jurisdiccionales internos dejan de garantizar una tutela efectiva frente a los abusos del poder estatal, obligando a contrastar los fallos locales con los estándares internacionales de independencia e imparcialidad.
Hacia el final de su misiva, la expresidenta dirigió un mensaje a su base electoral, ratificando que mantendrá la vía legal para acreditar su inocencia y rechazando responder con violencia o odio ante los fallos adversos. Bajo la premisa de que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular, llamó a la construcción colectiva y a la defensa de la institucionalidad democrática, asegurando que la verdad sobre las irregularidades del proceso terminará imponiéndose tanto en los tribunales internacionales como en la memoria histórica del país.
