La implementación de la inteligencia artificial en el ámbito profesional suele presentarse como una herramienta para optimizar tiempos y procesos. Sin embargo, en los tribunales civiles de Chile, esta promesa se ha transformado en un problema operativo de gran magnitud. Un comité de jueces ha denunciado que el uso de herramientas de automatización terminó generando el efecto contrario al esperado: una avalancha de casi 40 mil escritos ingresados en un periodo de apenas dos días, lo que ha llevado a las autoridades judiciales a solicitar la intervención de la Corte Suprema.
La alerta se encendió a través de un oficio enviado a la presidenta de la Corte Suprema, en el cual se detalla una situación crítica que afecta el funcionamiento de los tribunales civiles del país. El núcleo del conflicto radica en la acción de un abogado, quien habría utilizado un denominado “agente externo” de inteligencia artificial (IA) para realizar ingresos masivos de documentos judiciales, saturando los sistemas y la capacidad de respuesta del personal humano.
Según el documento, fechado el 27 de julio y firmado por la jueza Rocío Pérez Gamboa en representación del Comité de Jueces Civiles de Santiago, la actividad inusual comenzó el sábado 25 de julio. El profesional del derecho inició el ingreso masivo de escritos, centrándose principalmente en solicitudes de “desarchivo” y en la “renuncia de patrocinio y poder” en tribunales con competencia civil en todo el territorio nacional.
La magnitud de esta operación fue detectada rápidamente por los magistrados debido al volumen anómalo de presentaciones. De acuerdo con la información proporcionada por el jefe de Proyecto de Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles (SITCI), para las 11:30 horas del lunes siguiente, el abogado ya había acumulado un total de 38.477 escritos ingresados. Esta cifra representa, en promedio, entre 500 y 900 presentaciones por cada tribunal afectado, una cantidad que, según el oficio, continuaba en aumento al momento del reporte.
Para el comité de jueces, esta práctica no representa una optimización del trabajo, sino que constituye un “uso abusivo de las herramientas tecnológicas”. Los magistrados sostienen que este comportamiento podría configurar un caso de “abuso procesal” y, además, infringe directamente las condiciones de uso establecidas para la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.
El impacto de esta acción no se limitó únicamente a la saturación del sistema informático, sino que trasladó la crisis al plano humano. Los jueces advirtieron que la avalancha de documentos incrementó drásticamente la carga de trabajo, afectando la operatividad cotidiana de los tribunales. En el oficio se subraya que no se cuenta con los recursos técnicos ni el personal humano necesario para enfrentar una contingencia de esta naturaleza, lo que ha influido negativamente en el clima laboral de cada tribunal.
Ante este escenario, el Comité de Jueces Civiles informó la situación a sus superiores jerárquicos, quienes habrían manifestado su acuerdo en restringir temporalmente el ingreso masivo de escritos mientras se analiza el caso a fondo. Como medida inmediata, se solicitó el bloqueo técnico de la dirección IP del abogado señalado como responsable de la saturación.
Respecto a la motivación detrás de estos ingresos masivos, el oficio indica que, según información obtenida a través del Call Center de la Oficina Judicial Virtual, el propio abogado explicó que había dejado de prestar servicios a clientes de gran escala, mencionando específicamente a entidades como Santander, Caja Los Andes, CAT Cencosud y Parques Cementerio. Debido a esto, el profesional debía renunciar al patrocinio y poder en una cantidad masiva de causas. Para agilizar esta tarea, optó por utilizar un robot de IA o agente externo, evitando el proceso manual de ingresar los escritos uno por uno.
La respuesta propuesta por el Comité de Jueces Civiles es drástica. Han solicitado a la Corte Suprema que se mantenga la restricción de acceso del abogado a la plataforma y que se le requiera un informe detallado para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias e incluso penales.
Más allá del caso particular, los jueces buscan una solución estructural. Han solicitado que se prohíba el uso de inteligencia artificial para el ingreso de escritos judiciales hasta que exista una política institucional clara que regule su utilización. Como medida de seguridad técnica, propusieron la implementación de barreras como el sistema CAPTCHA, con el objetivo de impedir nuevos ingresos automatizados masivos y evitar la extracción no autorizada de datos desde la plataforma judicial.
