El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se ha consolidado nuevamente como un escenario de abierta confrontación entre el oficialismo y la oposición. La tensión, que ya había escalado al Parlamento a finales del año pasado mediante una interpelación, ha alcanzado un nuevo punto crítico. El Partido Nacional analiza actualmente la posibilidad de remitir a la Fiscalía diversas irregularidades que consideran cometidas por los jerarcas de la institución, la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, ambos representantes del Frente Amplio, a quienes la coalición republicana ya les ha solicitado la renuncia.
El núcleo de la reciente polémica radica en las decisiones tomadas durante la última sesión de junio y la primera de julio. En estas instancias, la junta anticorrupción resolvió, mediante los votos de los dos directores oficialistas, apartarse del criterio técnico seguido habitualmente cuando la Asesoría Letrada recomienda el archivo de los casos analizados. Según denunció el director nacionalista Luis Calabria en la primera sesión de julio, esta gestión ya había seguido la recomendación de archivo en 27 oportunidades previas, pero el criterio cambió drásticamente en dos expedientes específicos.
Los casos en cuestión son una denuncia presentada por el exsenador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, y otra que involucra al senador colorado Andrés Ojeda. En ambas situaciones, la recomendación jurídica fue el archivo, pero Ferraris y Asti determinaron que los expedientes debían permanecer abiertos, rompiendo la tendencia de las 27 decisiones anteriores.
En el expediente de Charles Carrera, quien denunció a la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, por una presunta irregularidad vinculada a un conflicto de interés público en la designación de la fiscal que lo acusó ante la Justicia Penal, los jerarcas frenteamplistas dispusieron el 18 de junio que se le otorgara "vista" al exlegislador. Calabria señaló en el acta de la sesión que este procedimiento resulta inusual, afirmando que no registra que se haya dado vista a un denunciante en casos donde el informe sugiere el archivo, subrayando que en la misma sesión se archivó otra denuncia nominada sin otorgar dicha vista.
Simultáneamente, el directorio trató el caso del senador Andrés Ojeda, quien fue denunciado por un edil de su propio partido por una presunta violación al artículo 124 de la Constitución. Dicho artículo prohíbe a los legisladores tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Aunque ya existen informes jurídicos en el Parlamento que desestimaron la denuncia, y pese a que la Asesoría Letrada de la Jutep recomendó el archivo para evitar interferencias con las competencias privativas de cada cámara legislativa según los artículos 115 y 124 de la Carta Magna, la mayoría del directorio decidió profundizar la investigación.
La resolución aprobada por mayoría dispone comunicar la denuncia al senador Ojeda y oficiar a los fiscales intervinientes para que informen sobre la veracidad de la información surgida en publicaciones de prensa y la resolución adoptada al respecto. Además, se resolvió solicitar información a la fiscal de Corte subrogante sobre si el senador realizó gestiones para impulsar el traslado de fiscales y, en su caso, las razones de dichos traslados.
Ana Ferraris defendió la postura de la mayoría argumentando que no compartía la recomendación de archivo porque aún existen medidas pendientes para el esclarecimiento de los hechos. Específicamente, señaló la necesidad de conocer si hubo gestiones para el traslado de fiscales en la causa donde intervino Ojeda y profundizar en la participación de un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional que estaría a órdenes del senador en actividades ajenas a la labor legislativa.
Por su parte, Luis Calabria calificó estas decisiones como una "inconsistencia decisora" e "incoherencia", al apartarse del criterio previo en dos casos de notoria connotación pública. El director blanco citó siete ejemplos adicionales, relacionados con el INAU, Aduanas y el Ministerio del Interior, donde sí se archivaron expedientes porque existían procedimientos en trámite ante otros órganos competentes, tal como ocurre en el caso de Ojeda. Calabria concluyó advirtiendo que tales decisiones pueden generar lecturas negativas ante la opinión pública, afectando la apariencia de objetividad e imparcialidad que la Jutep debe resguardar.
