La política derechista Keiko Fujimori ha prestado juramento este martes como presidenta de la República del Perú, iniciando oficialmente un mandato quinquenal que se extenderá desde el año 2026 hasta el 2031. Este acto formaliza su llegada al poder tras los resultados de las recientes elecciones generales, donde la mandataria se impuso en la segunda vuelta electoral frente al candidato izquierdista Roberto Sánchez. La victoria de Fujimori se definió por un margen estrecho, con una diferencia de menos de 50.000 votos entre ambos contendientes.
El evento, desarrollado en el pleno del Congreso, marca el retorno del fujimorismo al control del Gobierno peruano. Este hecho ocurre casi 26 años después de que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, dimitiera de su cargo mediante un fax enviado desde Japón. Aquella renuncia se produjo en el marco de un gigantesco escándalo de corrupción que afectó a su administración en aquel entonces. Keiko Fujimori, hija y heredera política del antiguo mandatario, asume ahora la jefatura del Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ser elegida para este cargo en Perú.
Antes de ingresar al Palacio Legislativo para la ceremonia de juramentación, la nueva presidenta mantuvo una serie de reuniones protocolares con los jefes de Estado y delegados internacionales que asistieron al evento. Entre las personalidades presentes se encontraba el rey de España, Felipe VI, además de ocho presidentes de diversas naciones de América Latina, quienes acompañaron el inicio de este nuevo periodo gubernamental.
Durante el acto de juramento, Keiko Fujimori asumió el compromiso formal de preservar la libertad, la democracia y la soberanía nacional. La mandataria declaró que cumplirá y hará cumplir las leyes de Perú, así como la Constitución política del país. En sus palabras, enfatizó que velará por la integridad moral y física de todos los ciudadanos peruanos, haciendo una mención especial hacia aquellos sectores de la población que han sido históricamente postergados.
Asimismo, la presidenta abordó la dimensión cultural y moral de la nación, asegurando que reconocerá la importancia de la Iglesia católica en la formación de Perú, manteniendo siempre el respeto a la libertad de culto. Fujimori manifestó su voluntad de trabajar para construir un país que se caracterice por ser unido, próspero y seguro para sus habitantes.
El protocolo de la ceremonia incluyó la entrega de la banda presidencial. Este símbolo del poder ejecutivo fue otorgado a Fujimori por Miguel Ángel Torres, quien desempeña el cargo de segundo vicepresidente y actúa en calidad de presidente del Senado. Tras recibir la banda, la jefa de Estado procedió a ofrecer su primer discurso oficial, espacio destinado a anunciar las primeras medidas y directrices que regirán su administración.
Posteriormente a los actos en el Congreso, la agenda presidencial contemplaba el traslado a pie hacia el Palacio de Gobierno en Lima. Este recorrido tiene una carga simbólica particular para la mandataria, quien residió en dicho palacio durante su juventud en calidad de primera dama durante el gobierno de su padre. Una vez instalada en la sede del Ejecutivo, Fujimori ofreció un almuerzo en honor a las delegaciones internacionales invitadas.
En la jornada de la tarde, la presidenta dirigió la ceremonia oficial para el nombramiento de su gabinete ministerial. En este equipo de gobierno ya se han definido las carteras más relevantes. Luis Galarreta, quien es el primer vicepresidente, asumirá las funciones de primer ministro. Por su parte, la cartera de Relaciones Exteriores ha sido asignada a Carlos Espá, periodista y excandidato presidencial que brindó su respaldo a Fujimori durante la segunda vuelta electoral. Finalmente, la cartera de Economía y Finanzas quedará bajo la responsabilidad de Elmer Cuba, quien cuenta con experiencia previa como miembro de la junta directiva del Banco Central entre los años 2016 y 2020.
A diferencia de lo ocurrido con administraciones anteriores, se señala que Keiko Fujimori cuenta, en principio, con el respaldo suficiente dentro del Parlamento, lo que le otorgaría la viabilidad política necesaria para completar la totalidad de su mandato constitucional.
