Durante décadas, la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico mexicano se centró en capturar a las figuras más visibles de los carteles, como el "Chapo" Guzmán o "El Mencho". Sin embargo, la administración de Donald Trump ha implementado un giro estratégico en su enfoque: ahora el objetivo principal son los políticos adinerados que presuntamente aceptan fondos ilícitos para facilitar las operaciones de los grupos criminales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido alertas señalando que los carteles utilizan cada vez más sus ganancias para realizar pagos en efectivo a campañas políticas en México. Según el organismo, el propósito de estas inversiones es asegurar la elección de candidatos dispuestos a defender los intereses del crimen organizado. Aunque la infiltración de dinero del narcotráfico en las campañas, especialmente a nivel local, es un hecho conocido, los funcionarios mexicanos rara vez abordan el problema de manera abierta.
Esta nueva postura de Washington marca una ruptura con la diplomacia tradicional, la cual solía manejar las disputas bilaterales a puerta cerrada para no interferir en la política interna de México. Pamela Starr, politóloga de la Universidad del Sur de California, describe esta situación como "territorio inexplorado", ya que anteriormente Estados Unidos otorgaba a México una amplia autonomía política para garantizar la estabilidad en temas de migración, comercio y poder global.
En el último año, las acciones concretas de la administración Trump han incluido la revocación de visas estadounidenses a diversos alcaldes y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Asimismo, fiscales estadounidenses han imputado a Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, acusándolo de permitir la operación de narcotraficantes a cambio de sobornos y apoyo electoral. Tanto Rocha Moya como Ávila Olmeda, ambos pertenecientes al partido Morena, han negado cualquier irregularidad.
Este cambio de rumbo se apoya en una línea dura que incluye la catalogación de los carteles como organizaciones terroristas y operaciones militares contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Además, Estados Unidos cuenta ahora con una posición ventajosa para procesar a facilitadores políticos: la captura de decenas de figuras de alto nivel de los carteles en los últimos dos años. Según analistas de seguridad, muchos de estos detenidos estarían dispuestos a testificar sobre los sobornos pagados a políticos para reducir sus condenas.
Luis Carlos Ugalde, exdirector del Instituto Federal Electoral de México, sostiene que el testimonio de los criminales es la única forma realista de detectar los vínculos entre el crimen organizado y las campañas políticas. Ugalde advierte que el fenómeno del financiamiento ilícito ha crecido rápidamente en las últimas dos décadas. En un informe de 2018 titulado "Dinero bajo la mesa", se estimó que los candidatos a gobernador suelen gastar al menos 15 veces más de lo que reportan oficialmente, utilizando "dinero oscuro" que incluye fondos desviados de presupuestos públicos y aportaciones del crimen organizado.
Por su parte, el consultor político Jaime García explica que el encarecimiento de las campañas, producto de la transición de México hacia una democracia competitiva, ha llevado a los partidos a ignorar las reglas de financiamiento y aceptar donaciones ilegales. La falta de condenas contra donantes y receptores se atribuye a un sistema de justicia débil, al miedo de los testigos y a la falta de voluntad de los partidos para escrutar sus propias finanzas.
La situación se ha agravado con la diversificación de los carteles, que ahora buscan el control de alcaldías y fuerzas policiales locales para actividades como la extorsión y la tala ilegal. Esto se reflejó en las elecciones de 2024, donde más de tres decenas de candidatos fueron asesinados y cientos abandonaron la contienda.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reaccionado con indignación ante las acusaciones, cuestionando si el interés de Estados Unidos es genuinamente combatir el crimen o si sectores de la ultraderecha estadounidense buscan posicionarse para las elecciones de 2026. Sheinbaum ha rechazado la extradición de Rubén Rocha Moya, alegando que Washington no ha entregado pruebas suficientes.
El Departamento del Tesoro también ha señalado que los carteles utilizan ganancias provenientes del contrabando de combustible para colocar funcionarios en puestos administrativos clave, facilitando el lavado de dinero. Ante esto, la presidenta mexicana ha cuestionado la evidencia de tales afirmaciones, advirtiendo que no se puede permitir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se convierta en el "principal elector en México".
Finalmente, expertos coinciden en que, aunque la presión estadounidense sea fuerte, el problema es estructural. La demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo de armas hacia México alimentan el ciclo, mientras que el aparato de seguridad mexicano permanece subfinanciado. Como señala Pamela Starr, resolver esta crisis es un "proyecto generacional" que excede el tiempo de cualquier administración presidencial.
