El gobierno de Venezuela anunció este viernes, 24 de julio de 2026, el inicio de su proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta decisión ocurre en un contexto donde el tribunal ha mantenido investigaciones abiertas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del año 2017 bajo la gestión del ahora derrocado mandatario Nicolás Maduro.
La comunicación oficial fue realizada por el canciller venezolano, Félix Plasencia, quien utilizó su cuenta en la red social X para informar que, siguiendo instrucciones directas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Estado venezolano notificó formalmente al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre esta determinación. Según las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, se trata de una "decisión firme e irrevocable" de denunciar el Estatuto de Roma y proceder con el retiro definitivo del organismo internacional.
Para ejecutar este proceso, Venezuela ha invocado el Artículo 127 del Estatuto de Roma. Este marco legal establece que la denuncia de un Estado miembro surtirá efecto legal un año después de la fecha en que la notificación sea recibida formalmente por las autoridades correspondientes.
En cuanto a los motivos que impulsan esta medida, el recién designado canciller Félix Plasencia sostuvo que Venezuela considera que la actuación de la Corte Penal Internacional responde a un "sesgo geográfico demostrado". El funcionario argumentó que la labor del tribunal se ha concentrado de manera desproporcionada en países de África y América Latina, lo cual, a juicio del gobierno venezolano, constituye un "patrón" evidente. Plasencia afirmó que esta situación revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse bajo principios de equidad, ha sido "instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos".
Por su parte, la Corte Penal Internacional emitió un comunicado en el que señaló que, hasta el momento, no había sido notificada formalmente de dicha decisión. No obstante, el organismo lamentó la intención de Venezuela de "apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".
Este anuncio es la culminación de un proceso de distanciamiento que ya se había manifestado previamente. En diciembre de 2025, el Parlamento venezolano había avanzado en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma. Este movimiento legislativo ocurrió luego de que la CPI anunciara el cierre de su oficina de representación en Caracas, fundamentando dicha medida en la falta de un "progreso real" en las coordinaciones y el trabajo conjunto con el gobierno venezolano.
En aquel periodo, Caracas lanzó fuertes acusaciones contra la fiscalía de la CPI, la cual estaba bajo la dirección de Karim Khan, señalando que el fiscal se había "desentendido" de sus responsabilidades. Coincidentemente, este viernes, la asamblea del organismo procedió a la destitución de Karim Khan, quien fue acusado de agresión sexual.
Cabe recordar que la relación entre Venezuela y la Corte ha estado marcada por tensiones judiciales. La CPI abrió una investigación formal en 2021 para analizar la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, enfrentamientos que resultaron en aproximadamente 200 personas fallecidas. Asimismo, el tribunal ya había archivado denuncias presentadas por el Estado venezolano contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, al desestimar que tales medidas constituyeran crímenes de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional, establecida en el año 2002, se posiciona como la única corte independiente a nivel global creada específicamente para investigar y juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, tales como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. El tribunal opera bajo el principio de complementariedad, funcionando como una instancia de última ratio que solo interviene en casos donde los países involucrados no tengan la voluntad o la capacidad de investigar y procesar los delitos por sus propios medios.
