La administración del presidente Donald Trump ha retomado su estrategia de guerra comercial, poniendo fin a un periodo de relativa calma que se había mantenido tras la decisión de la Corte Suprema en febrero. En aquel momento, el máximo tribunal había anulado los gravámenes generalizados que el mandatario había impuesto a sus socios comerciales en todo el mundo; sin embargo, el Gobierno ha vuelto a la carga con una nueva ofensiva arancelaria.
Desde el pasado viernes, han entrado en vigor aranceles que oscilan entre el 10 % y el 12,5 % sobre las importaciones procedentes de 60 socios comerciales. Debido a que estas tasas son muy similares a las que Trump implementó previamente y que ya habían expirado tras el fallo judicial, se considera que es poco probable que generen un aumento significativo e inmediato en los precios para los consumidores dentro de Estados Unidos. No obstante, expertos y analistas advierten que esto podría ser solo el inicio, ya que el historial del presidente y sus anuncios recientes sugieren una expansión progresiva de su agenda comercial.
Desde su regreso al cargo, Trump ha ido ampliando el alcance de sus recargos. Lo que comenzó como medidas dirigidas específicamente a las importaciones de China, México y Canadá, se extendió rápidamente para incluir gravámenes sobre el cobre, el acero y los automóviles, culminando en la aplicación de aranceles "recíprocos" dirigidos a casi todos los socios comerciales de la nación. Incluso el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales dichos tributos no detuvo la intención del mandatario; por el contrario, parece haber reforzado su determinación para reconstruir la agenda comercial estadounidense.
Para evitar nuevos tropiezos legales, los funcionarios del Gobierno han estado reconstruyendo el régimen arancelario basándose en autoridades que los abogados especializados en comercio consideran que poseen una base legal más sólida. Los aranceles activados el viernes son un ejemplo de esta estrategia, ya que se derivan de una investigación de varios meses sobre denuncias de trabajo forzoso, restableciendo así tributos que habían desaparecido tras la decisión de la Corte. De manera similar, a principios de esta semana se aplicaron aranceles sobre ciertos productos provenientes de Brasil, bajo el argumento de que las políticas de ese país habían perjudicado el comercio de Estados Unidos.
A pesar de que estas leyes suelen ser más resistentes en los tribunales, no están exentas de desafíos. El bufete de abogados sin fines de lucro de tendencia libertaria Liberty Justice, responsable de ganar el caso anterior ante la Corte Suprema, presentó una demanda el viernes alegando que estos nuevos impuestos también son ilegales. Jeffrey Schwab, abogado principal y director de litigios del centro, afirmó que esta es la tercera vez que la administración intenta imponer una política arancelaria global sin respetar los límites legales, señalando que la Sección 301 es una medida correctiva específica para cada país y práctica, y no una autorización independiente para gravar importaciones globales con tasas preestablecidas.
Más allá de la Sección 301, la administración ha recurrido a la Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley, una disposición que nunca antes se había utilizado. Trump invocó esta ley para amenazar con imponer aranceles del 50 % a ciertos productos de Canadá, argumentando discriminación contra el comercio estadounidense. Sin embargo, el propio Gobierno reconoció que esta medida estaba vinculada a las represalias que Canadá había tomado contra gravámenes estadounidenses previos.
Esta situación ha generado alarma en el sector privado. Kyle Peacock, director de Peacock Tariff Consulting, señaló que sus clientes canadienses están preocupados por la posibilidad de que este sea el primer paso hacia aranceles aún más elevados. Como resultado, muchas empresas canadienses están cancelando vacaciones y trabajando sin descanso para enviar la mayor cantidad de productos posible a Estados Unidos antes de que los tributos entren en vigor el próximo mes.
La presión también se ha extendido hacia Europa. A través de Truth Social, Trump anunció que iniciaría una investigación bajo la Sección 301 contra la Unión Europea, alegando un trato discriminatorio hacia gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon, Meta, Apple y Google. Además, existen otras investigaciones pendientes, incluida una sobre el exceso de capacidad en el sector manufacturero que involucra a 16 de los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Finalmente, el impacto económico global es una preocupación latente. Olu Sonola, jefe de economía estadounidense de Fitch Ratings, advirtió que si estas medidas hacen retroceder las tarifas arancelarias a los niveles de 2025, la incertidumbre aumentará drásticamente. Esto podría afectar negativamente el crecimiento y elevar la inflación, especialmente si los precios de la energía se mantienen altos. Aunque existan razones políticas para evitar una escalada mayor antes de noviembre, la administración de Trump ha demostrado que sus batallas arancelarias pueden intensificarse y cambiar de rumbo con rapidez.
