El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, regresó al escenario político el pasado 19 de julio, tras sesenta y un días de ausencia pública, con un discurso que ha generado una intensa ola de condenas internacionales. Durante la celebración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en la Plaza de la Fe de Managua, el mandatario declaró explícitamente que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, refiriéndose a los sectores de la oposición política.
Ortega acusó a la oposición de responder a intereses de sectores somocistas y de Estados Unidos. Como medida concreta para consolidar esta postura, el gobernante anunció que coordinaría con la Asamblea Nacional la creación de un “muro” legal diseñado específicamente para impedir que dichos sectores puedan regresar al poder a través de la vía electoral. Aunque estas palabras fueron recibidas con aplausos por los simpatizantes sandinistas presentes en el acto, la difusión del video íntegro provocó reacciones inmediatas y severas en el exterior.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las declaraciones como una muestra de “la cobardía y el miedo a la voluntad del pueblo” por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Rubio señaló que el régimen ha abandonado incluso la apariencia de contar con respaldo popular y exhortó a la comunidad internacional a actuar de forma conjunta. En sintonía, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, sostuvo que las palabras de Ortega simplemente oficializan una realidad que el régimen ya venía demostrando: el abandono total de la democracia y de su formalidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó la postura de Ortega como incompatible con los principios de la democracia representativa, afirmando que esto confirma la consolidación de un régimen autoritario basado en la supresión de libertades. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que estos hechos profundizan el desmantelamiento del espacio cívico y pidió el restablecimiento del Estado de derecho para garantizar que cualquier ciudadano pueda postularse y votar sin discriminación política.
En el ámbito regional, la presión aumentó con las decisiones de Panamá y República Dominicana, que llamaron a consultas a sus embajadores en Managua, calificando la eliminación del derecho al voto como un agravio democrático. Costa Rica, que ya no reconocía las elecciones de 2021, reafirmó su postura a través del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien señaló: “Gracias a Dios Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones”. Además, el Congreso costarricense aprobó una moción unánime de condena. Chile y Guatemala también expresaron su rechazo, mientras que en Europa, la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Hana Jalloul Muro, exigió la liberación de presos políticos y la celebración de comicios justos.
Ante la presión, la Asamblea Nacional de Nicaragua aceleró la implementación del mandato presidencial. El presidente del Legislativo, Gustavo Porras, confirmó que se iniciaron consultas con el Consejo Supremo Electoral para diseñar reformas constitucionales que eliminen cualquier “resquicio” que permita la manipulación de “imperios y sus lacayos”. Se prevé que el proyecto sea presentado antes de finalizar julio y aprobado durante la primera semana de agosto.
Sin embargo, ante el creciente aislamiento diplomático, el régimen inició un giro en su narrativa. Sin desmentir las palabras de Ortega, voceros oficiales comenzaron a reinterpretarlas. Gustavo Porras aseguró que el mandatario no dijo que no habría elecciones, sino que no habría procesos “en manos de los imperialistas”. En el mismo sentido, Rosario Murillo afirmó que las reformas permitirían celebrar “procesos soberanos, libres y democráticos”, organizados exclusivamente por nicaragüenses. No obstante, Murillo no rectificó las palabras de Ortega y reaccionó con dureza ante las críticas de Marco Rubio, calificando de "perros" a quienes cuestionaran la decisión gubernamental.
La maquinaria de propaganda sandinista, incluyendo figuras como Amílcar Dubois y el estadounidense Ben Norton, intentó sostener que las frases fueron sacadas de contexto. Algunos propagandistas llegaron a argumentar que Ortega utilizó el verbo “ver” en lugar de “haber” (“no volverán a ver elecciones”), sugiriendo que se refería solo a los “golpistas”. Esta versión fue desmentida por la propia transcripción oficial del portal gubernamental El 19 Digital y el video del discurso, donde se escucha claramente la palabra “haber”.
Finalmente, el analista y abogado Yader Morazán señaló que este cambio de narrativa es una respuesta directa al costo diplomático. Según Morazán, la evolución del discurso —desde el anuncio tajante hasta la reinterpretación posterior— evidencia que el régimen intenta tergiversar sus propias palabras para mitigar el rechazo internacional, manteniendo al mismo tiempo la exclusión de los opositores encarcelados, desterrados o inhabilitados.
